El saqueo del Consistorio marbellí se salda con sólo tres condenados

La Audiencia Nacional ha condenado a Juan Antonio Roca a seis años y siete meses de cárcel por el desvío de casi 23 millones de euros de las arcas marbellíes a las sociedades municipales entre 1991 y 1995, un caso conocido como ´Saqueo I´. El ex asesor ha sido encontrado culpable de malversación de caudales y falsedad documental. También han sido sentenciados el abogado y muñidor de las mercantiles José Luis Sierra (nueve años de cárcel) y el asesor fiscal que dio forma a la contabilidad creativa, Manuel Castel (ocho años). Ambos han sido condenados por malversación y falsedad.

Por otro lado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional les impone una indemnización a favor del Ayuntamiento de Marbella de 23 millones euros, un dinero que deberán pagar los tres condenados. Eso sí, Eduardo Gonzálvez, Francisco Javier Herrera y Purificación Notario, ex trabajadores de las tres sociedades municipales a las que se dirigió ese dinero público (Contratas 2000, Jardines 2000 y Planeamiento 2000), han sido absueltos del cargo de malversación de caudales.

La sentencia relata que los tres condenados "concertados con otros funcionarios y autoridades, en ejecución de un plan preconcebido, llevaron a efecto entre los años 1991 y 1995 actuaciones coordinadas tendentes a desviar fondos públicos llegados desde el Ayuntamiento de Marbella a las sociedades municipales, siendo relevantes para la detracción del patrimonio municipal los conocimientos jurídicos de Sierra, los conocimientos contables de Castel y la actividad empresarial de Juan Antonio Roca".

José Luis Sierra, brillante abogado y hábil asesor, aconsejó a Jesús Gil crear empresas cuya mayoría accionarial perteneciera al Consistorio, "bajo el aparente designio de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil y eficaz". Llegaron a crearse 31. En la práctica, "esto supuso sacar del propio Ayuntamiento la mayor parte de la actividad municipal y degeneró en una situación de opacidad y falta de control interno y de eficacia por parte de la corporación municipal", señalan los magistrados.

Inyecciones. Las mercantiles se nutrían "patrimonialmente de las subvenciones y transferencias de dinero público que se les concedía desde el Consistorio. El destino de estas partidas en muchas ocasiones se desconoce y en otras se emplea en abonos muy distantes a los fines municipales y de interés social a que deberían acreditarse".

Desde su despacho en la sede del Club Financiero Inmobiliario, "empresa particular del alcalde, convertida en el centro de decisiones políticas de Marbella, José Luis Sierra Sánchez supervisa la actividad de las sociedades, ejerciendo sobre ellas rígidos controles".

La contabilidad de estas empresas era supervisada por Manuel Castel, quien se empleaba a fondo "especialmente en materia de aumento ficticio de los gastos supuestamente generados por éstas a fin de destinar los fondos a que ascienden aquellos irreales cargos a objetivos e intereses no públicos", aclara el tribunal.

El gerente de Contratas y Jardines 2000 fue José Luis Jiménez Jiménez, hoy fallecido, mientras que al frente de Planeamiento 2000 se situó Roca.

Para dar cobertura a la distracción de los fondos, Sierra, Roca y Castel "se concertaron con otras personas no enjuiciadas y con vínculos más estrechos con el Ayuntamiento en la ideación y puesta en práctica de una serie de actividades encaminadas a crear una apariencia contable de gastos, con objeto de justificar las cantidades detraídas", aseguran los magistrados.

Para ello, utilizaron el procedimiento consistente en atribuir a cuatro sociedades inactivas, compradas por Roca, "determinada facturación como supuestas proveedoras de Contratas 2000, cuya simulada contabilidad fue trasladada primero a los libros de comercio y después a las declaraciones tributarias", concluyen.