La juez asume la tesis del fiscal por ´Troya´ y procesa a Martín Serón y a otras 24 personas

No ha modificado ni una coma. La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín, Lidia Bermúdez Martín, ha decidido procesar al ex alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón; a su esposa, María Teresa Santos; al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra; a dos funcionarios municipales y a otros veinte empresarios por su supuesta participación en la trama de corrupción urbanística conocida como ´caso Troya´.

La magistrada ha aceptado la totalidad de las tesis que la Fiscalía Anticorrupción presentaba en su último informe, en el que pedía precisamente el enjuiciamiento de estos 25 imputados. Así, ésta ordena que las diligencias previas se transformen en un procedimiento abreviado (delitos inferiores a nueve años) y da diez días tanto a las defensas como al ministerio público para que presenten sus escritos definitivos. Esto quiere decir que el fiscal Juan Carlos López Caballero tiene vía libre para acusar. Después, la instructora decidirá si abre juicio oral contra los ya procesados.

A Martín Serón lo procesa por cohecho, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales; al edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, sólo por los dos primeros ilícitos; a los 19 empresarios que realizaron pagos irregulares, por cohecho e inducción a la prevaricación; a la esposa del regidor, María Teresa Santos, y al dueño de la empresa Conextran SL, por blanqueo. Decide encausar a dos asesores jurídicos de Consistorio por prevaricación.

"En efecto, de las diligencias practicadas se desprende que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande presuntamente existía un entramado en virtud del cual se concedían licencias urbanísticas, que vulneraban la normativa vigente en esta materia en el momento de los hechos, a cambio de retribuciones económicas", relata la magistrada.

Del alcalde, la instructora asegura que "presuntamente conocía y dirigió la operación", mientras que de su concejal de Urbanismo, el también popular Gregorio Guerra, dice que "supuestamente controlaba y contabilizaba los pagos realizados y los debidos, y exigió a una empresa el abono de una cantidad para conceder la correspondiente licencia".

Se refiere aquí la juez a la petición que hizo presuntamente el edil a un empresario al que le exigió 122.000 euros a cambio de aumentar la edificabilidad permitida en una parcela.

Ese empresario, hoy testigo protegido, grabó los hechos con el consentimiento de la policía y la entonces instructora, lo que permitió apuntalar los indicios sobre la presunta trama de corrupción.

Añade además la juez que los dos asesores jurídicos de la oficina técnica del Ayuntamiento informaron favorablemente al otorgamiento de las licencias, "a sabiendas de que los proyectos de obra eran contrarios al planeamiento urbanístico".

Bermúdez detalla después todos los casos de promotores y empresarios que trataron de sobornar a las autoridades municipales a cambio de obtener mayor edificabilidad en sus proyectos urbanísticos o conseguir una licencia para una obra irregular. Habla, entre otros, de cuatro miembros de una empresa que hicieron dos abonos ilegales a cambio de licencias para dos obras, una en la calle La Encina y otra en la vía Blas Infante. En esta última, el dueño de la parcela aceptó permutar la misma a cambio de dos locales comerciales y dos plazas de garaje, por lo que también ha sido encausado. Los sobornos alcanzan en este caso los 118.000 euros, según el fiscal.

Sobornos tasados. El ministerio público sostuvo en el informe en el que solicitaba el procesamiento que los sobornos se habían tasado con precios cerrados, de forma que las autoridades municipales percibían de los empresarios 80 euros por cada metro cuadrado en el que se aumentaba la edificabilidad de una superficie y 6.000 por cada vivienda de más. Los otros catorce empresarios abonaron cantidades que van desde los 6.000 a los 168.000 euros, según la tesis del fiscal que asume la magistrada, aunque ésta no habla de cantidades concretas.

En este orden de cosas, también se refleja en el escrito que el administrador único de Conextran SL puso su empresa al servicio del Ayuntamiento "para ocultar el capital proveniente de las conductas anteriormente descritas". Según el fiscal, esta mercantil empezó a facturar cantidades cada vez más importantes desde que el PP logró la mayoría absoluta, llegando hasta los 400.000 euros en 2004.

Por último, la juez afirma que el alcalde y su esposa "habrían efectuado actividades encaminadas a esconder las ganacias ilícitas obtenidas por el regidor".

Las defensas pueden ahora presentar sus escritos, mientras que la Fiscalía podrá presentar la acusación. La juez les solicita además que interesen bien la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa, al tiempo que les autoriza a solicitar más diligencias. La instrucción de uno de los casos de corrupción que más ha dado que hablar en los últimos años concluye con 25 procesados.