El fallo del TS frustra en Málaga la objeción de 1.500 escolares

Se ha sentado jurisprudencia aunque aún es posible recurrir, pero, en principio, unos 1.500 alumnos de la provincia de Málaga, que aguardaban una decisión judicial, han visto cómo el deseo de sus familias de objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía se ha esfumado. El Tribunal Supremo sentenció el miércoles a favor de la materia, que es obligatoria, y denegó el derecho de los padres a que impidan que sus hijos reciban la materia.

Estos padres consideran que estas clases, que se dan en tercero de la ESO, sirven de adoctrinamiento moral, y no quieren que la escuela asuma un papel que, según defienden, corresponde a las familias. Por ello, en su día presentaron recursos ante los tribunales. Muchos de estos niños aún son pequeños, pero sus familias han preferido prevenir, conscientes de que se trata de un proceso, cuanto menos, largo.

En Andalucía, según los datos que maneja la Plataforma Malagueña Educación y Libertad, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había dictado 37 sentencias a favor de las familias y 82 autos de medidas cautelares. En la Consejería de Educación, por su parte, recordaron ayer que había tramitado en toda la comunidad 492 solicitudes de objeción, de alumnos que ya tienen 15 años, matriculados en tercero de Secundaria y que no querían entrar a clase.

El Supremo ha necesitado dos días y medio para fallar sobre los recursos de casación presentados por la Junta de Andalucía contra la sentencia del TSJA que reconocía el derecho de los padres a ejercer la objeción. Según Arturo Gross, presidente de la asociación malagueña contraria a la asignatura, el resto de recursos tendrán el mismo resultado pero pronostica que, a pesar de ello, aún habrá padres que se resistan a acatar esta sentencia hasta que el Alto Tribunal no revise su caso concreto, por lo que sus hijos seguirán faltando. En todo caso, aún mantienen la esperanza de que puedan prosperar recursos ante el Supremo, el Constitucional y, en última instancia, ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Vamos, que aún no se ha pitado el final del partido. Y es que los padres interpretan que la sentencia es también un toque de atención al Gobierno para que revise ciertos contenidos ideológicos y morales de la materia.

En estas circunstancias, estos alumnos que sigan sin ir a clase van a suspender aunque puedan promocionar a cuarto de ESO. Es más, según Gross, como la ley prevé un sistema de evaluación flexible, en algunos casos, de forma excepcional, incluso se puede lograr el título de graduado en ESO con hasta dos asignaturas suspensas.

Fuentes de la Consejería admiten esta posibilidad, aunque la relativizan y la enmarcan en contextos muy concretos para que el resultado final no repercuta en el progreso del alumno. En todo caso, según añaden, en el intercambio de opiniones de los profesores se tiene en cuenta el esfuerzo académico de los alumnos y, "por supuesto, su asistencia a clase".