El revés judicial no amilana a los padres, que aún creen llevar la razón en la sentencia

Las organizaciones que defienden la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía aún creen que, a pesar de que el fallo del Supremo establece que no existe este derecho para impedir que sus hijos reciban esta asignatura, deja una puerta abierta a que puedan impugnar los libros de texto de la materia e insiste en que son los padres los únicos responsables a la hora de decidir qué tipo de educación quieren que reciban sus hijos.

Estas familias sostienen que los centros docentes deben tener ahora el máximo respeto y sensibilidad a las decisiones de las familias, evitando aspectos que entren dentro del terreno de la moral y la ideología y que sean contrarias a sus convicciones.

Las asociaciones de padres católicas valoran que un tercio del Alto Tribunal no haya votado de manera favorable al fallo, por lo que piden al Ministerio que revise los contenidos de la materia.

Desde el Partido Popular se corroboran estas tesis. El responsable de Educación del partido en Málaga, Francisco Oblaré, insistía ayer en que la sentencia protege el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. "Los que ayer brindaban con champán lo mismo tendrán que guardar las botellas cuando salgan a la luz todos los fundamentos de derecho que recoge la sentencia, que por ser tan larga y compleja, aún se desconoce en gran parte", señaló el líder popular, que quiso dejar claro que su partido no ha participado en ninguno de estos contenciosos judiciales, "aunque sí ha apoyado a las familias que veían vulnerados sus principios éticos por culpa de esta asignatura".

El Ministerio y la Junta. Como ocurre muchas veces tras las elecciones, no hay vencedores ni vencidos, en términos absolutos. Y es que, si bien el Supremo avala Educación para la Ciudadanía, también precisa que la asignatura no debe servir para imponer a los alumnos criterios morales o éticos que son objeto de discusión en la sociedad. Y a este clavo se agarran los padres. Por su parte, el Ministerio de Educación y, en concreto, la ministra Mercedes Cabrera, sostiene que es obligatorio asistir a clase.

La consejera de Educación, Teresa Jiménez, también expresó su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo y ha defendido en todo momento la legalidad de esta asignatura, una materia obligatoria "cuyos contenidos no vulneran ningún derecho fundamental de las familias, como ha señalado el Tribunal Supremo", asegura.

El Gobierno andaluz recurrió al Alto Tribunal ante la disconformidad con las sentencias de la Sala III de lo Contencioso administrativo del TSJA, que ampararon la objeción, y convencido de que la Junta de Andalucía actuaba conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación.

"La decisión del Tribunal Supremo pone fin a un proceso alentado por el PP de Andalucía y la derecha más conservadora, que han fracasado en su intento de hacer de esta asignatura y de la Educación un elemento de confrontación política", concluyó.

Profesores. En medio de la polémica se encuentran los profesores. "Hay alumnos que objetan, padres que objetan pero no conozco a ningún profesor que se haya negado a impartir la asignatura, como por ejemplo, un ginecólogo puede negarse a practicar un aborto", explica Enrique Conesa, profesor de Educación para la Ciudadanía del IES Salvador Rueda, de la capital, donde la asignatura se imparte con absoluta normalidad.

Conesa sostiene que buena parte de la controversia se debe a los distintos tipos de manuales existentes, y que depende de las editoriales y su posición ideológica. "Esto también ocurre en otras asignaturas, como Historia o Literatura, pero ésta se asienta en el respeto y en los valores democráticos que debemos compartir todos", dice. Por último, añade que toda esta polémica es ajena a los alumnos.