La Sala del Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga está indisolublemente unida a los nombres de Rocío Wanninkhof, Dolores Vázquez o Tony Alexander King. Pero ése no ha sido el único trabajo que han soportado los funcionarios de una oficina que, según fuentes consultadas, destaca por su "eficiencia y rapidez". Desde que entró en vigor esta sección en 1996 los jueces populares han emitido 142 veredictos, de los que más del 88% han sido de culpabilidad.

La mayor parte de las sentencias que han partido de estos tribunales, 107, han estado relacionadas con muertes violentas: homicidios y asesinatos. En este periodo, poco más de cinco juicios han sido anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo que da una idea del riguroso trabajo que hacen tanto los presidentes de estos órganos (magistrados de profesión) como los propios ciudadanos que aceptan ser jurados.

El encargado de determinar si un proceso debe acabar en la Oficina del Jurado es el juez de instrucción, aunque éstos sólo suelen optar por este camino en causas relacionadas con homicidios y asesinatos, pese a que también pueden hacerlo en ilícitos de cohecho -sobornos-, malversación de caudales públicos, allanamientos de morada, omisión del deber de socorro, exacciones ilegales, infidelidad en la custodia de documentos o incendios.

En los últimos años, un movimiento reflexivo en el seno de la profesión jurídica ha llevado a algunos a plantear la necesidad de introducir dentro de la lista las agresiones y los abusos sexuales (forman parte de estos plenarios si se cometen junto a un homicidio o un asesinato), aunque, de momento, esta posibilidad está muy lejos de concretarse.

Los expertos aseguran que estos procesos son "los que funcionan mejor y los que menos se suspenden". De los cinco juicios anulados hasta ahora por el Alto Tribunal andaluz, el más famoso es el de Dolores Vázquez, acusada en un principio de la muerte de la joven mijeña Rocío Wanninkhof. Fue condenada a 15 años, pero el TSJA declaró nula la sentencia precisamente por falta de motivación en la misma. Finalmente, ordenó repetir la vista, pero al ser detenido Tony Alexander King e inculparse tanto de este asesinato como del de Sonia Carabantes, Vázquez se libró de un segundo calvario procesal.

Fuentes judiciales aseguran que, aunque las reticencias de los ciudadanos a actuar como jurado en un principio son fuertes, con el paso de los días la asunción de la responsabilidad es total, lo que se ha conformado en cierta medida como una eficaz campaña de relaciones públicas para la Justicia. "Saben lo complejo que es juzgar a alguien, se lo toman con seriedad y hacen una rigurosa e interesante labor siempre bajo la batuta del magistrado que preside. Finalmente, la experiencia es muy enriquecedora para ellos y empatizan con los profesionales de la Justicia y comprenden la complejidad de sus decisiones", relatan las fuentes consultadas.

Entre los abogados la cosa va por barrios. Algunos, con un perfil muy técnico y acostumbrados a convencer a tribunales profesionales, piensan que se ha dado un papel preponderante a la figura del fiscal en estos juicios y, por tanto, consideran muy difícil que la vista cumpla todas las garantías procesales. Otros, sin embargo, defienden fervientemente estos procesos como una extensión de la democracia al mundo judicial y, con matizaciones, apuestan por su generalización controlada.

Cada dos años, la Sala del Jurado efectúa un riguroso sorteo en el que son escogidas 3.500 personas susceptibles de formar parte de un jurado popular. Por cada juicio son elegidos 11 individuos.