Hizo lo mismo que muchos otros al ser designados como miembros de una mesa electoral para los comicios locales del 27 de mayo de 2007. Le dijo a la Junta de Zona que le venía mal pasarse el día metiendo votos en una urna porque estaría de viaje. Pero su alegación fue desechada y se le obligó a comparecer en el Hospital Noble, donde se hallaba la mesa. Hizo oídos sordos, por lo que su caso se remitió a la Fiscalía de Málaga y el juzgado de lo Penal número 11 de la capital acaba de condenar a este ciudadano a treinta días de prisión, periodo de privación de libertad sustituido por una multa que ronda los 900 euros.

La cuantía deberá ser abonada antes del primero de mayo con la advertencia expresa de que si no la paga pasará un mes en la cárcel. Todo ello por un delito electoral.

La sentencia, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, fue dictada con la conformidad de las partes y, más allá de su difusión, el fallo encierra una realidad preocupante: algunos ciudadanos dejan de cumplir sus obligaciones para con la ley, lo que, desde hace poco, les puede salir muy caro.

Antes de una cita electoral se hace un sorteo y se nombra a los cinco miembros de las diferentes mesas (vocales y presidentes). Tienen diez días para alegar el motivo que estimen oportuno si no pueden cumplir con la cita, tras lo que la secretaria de la Junta Electoral de Zona y secretaria del Decanato, Francisca Castellano Arroyo, contesta afirmativa o negativamente tras valorar si la incomparecencia está suficientemente justificada.

Todas las personas cuya solicitud sea rechazada y, aun así, eviten comparecer en el correspondiente colegio electoral se enfrentan a serias consecuencias: la Fiscalía de Málaga recibe tras cada cita electoral estos casos. De prosperar las diligencias previas incoadas, el ciudadano puede verse ante un juez y con la posibilidad de pasar algunos días en prisión si no paga la multa impuesta de ser condenado.

Obligación. Cuestionada por el fallo que obra en poder de este periódico, Francisca Castellano indicó que, en muchas ocasiones, "no acude ninguno de los cinco miembros de la mesa y se constituye la misma con los primeros votantes de la mañana, obligando a los miembros de la Junta Electoral de Zona a desplazarse a diversos lugares".

Castellano recuerda que "los ciudadanos deben ser conscientes de que acudir a una mesa electoral es una obligación legal. Han de ir y desempeñar el cargo para el que han sido nombrados".

Muchos esgrimen motivos de trabajo, lo que se suele rechazar, aunque también aluden a bautizos, comuniones, bodas y viajes. Otros aseguran ser analfabetos y algunos diversas enfermedades.