Como cada jueves, Gloria llega acompañada de sus padres al Centro de Atención Temprana Miguel de Linares Pezzi, en el Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María. Allí, sus terapeutas le esperan para iniciar las sesiones de trabajo que permitirán a la pequeña desenvolverse en un mundo que a veces le cuesta comprender. Pero es una niña con suerte. Desde que hace dos años fuera diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (T.E.A), sus padres no han parado de luchar para que Gloria tenga a su alcance todos los recursos que le permitan convertirse en una persona totalmente autónoma.

Ahora, su batalla se centra en que la Administración garantice el derecho de Gloria, de cuatro años, a recibir una formación de calidad en el marco del sistema de inclusión educativo establecido por la ley, que obliga a que las aulas cuenten con los recursos suficientes para que todos los niños y niñas reciban una educación entre iguales independientemente de sus capacidades.

El peregrinar burocrático de Eva Reduello, madre de Gloria, comenzó hace un año, cuando llegó el momento de escolarizarla. Según el dictamen de escolarización de los técnicos de la Delegación Provincial, la pequeña no podía matricularse en el centro al que asistía su hermano mayor por no contar con los recursos ordinarios para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales. En su caso, un profesor terapeuta de Educación Especial, un maestro en Audición y Lenguaje y un monitor de Educación Especial permanente o "profesor sombra", que de alguna manera actúa como apoyo para facilitar a los menores la comprensión de su entorno y la comunicación con los demás, las principales dificultades a las que se enfrentan los niños con T.E.A. Tras matricular a Gloria en un centro fuera de su localidad –Rincón de la Victoria–, sus padres se percataron de que la niña no recibía suficiente atención individualizada "por la sencilla razón de que los recursos con los que cuenta este colegio son insuficientes para atender a todos los que los necesitan", recalca Eva. Es por eso que con el afán de que Gloria se asemeje a los niños que la rodean, sus padres han decidido matricularla en el colegio que le corresponde por su domicilio, el Gregorio Marañón de la Cala del Moral. "Mi hija tiene derecho a asistir al colegio al que acuden los niños de su entorno", argumenta Eva.

Una vez tomada la decisión, nadie garantiza a esta familia que el próximo curso Gloria cuente con la atención que requiere para desarrollar convenientemente sus capacidades cognitivas y sociales. Tras insistentes escritos a la Delegación de Educación por parte de Eva y del Defensor del Pueblo, que según la madre ha visto indicios suficientes como para pedir informes a la administración competente, aún no han tenido respuesta. "En mi caso ya hablamos de silencio administrativo".

"La situación de mi hija es comparable a que a un niño se le obligue a ir al colegio si su silla de ruedas, algo impensable pero que sin embargo a los niños con T.E.A. les ocurre cada día". Al margen de las consecuencias futuras de que Gloria no disponga en sus primeros seis años de vida –la edad crucial del desarrollo cognitivo– de los recursos necesarios para su aprendizaje, la no dotación de personal cualificado supone una discriminación por razón de minusvalía, "contraviniendo la Convención de los Derechos Humanos para las personas con discapacidad que España ya ha ratificado y debe cumplir".