13 de enero de 2010
13.01.2010
Tribunales

Le piden año y medio de cárcel por construir una casa ilegal en Cómpeta

El acusado levantó una edificación para uso residencial de 101 metros cuadrados en una parcela no urbanizable

08.01.2010 | 06:00

Un vecino de Cómpeta se enfrenta a una petición fiscal de un año y medio de cárcel por haber edificado sin la preceptiva licencia una casa de 101,28 metros cuadrados en un suelo calificado como no urbanizable en la normativa urbanística vigente en el momento de los hechos.
La denuncia inicial fue promovida por los abogados Pablo Lazarraga y Diana Hinojosa. Así, según consta en el escrito de calificación de la Fiscalía, remitido al juzgado de Instrucción número 1 de Torrox y en el que se interesa la apertura de juicio oral, "el acusado, que carecía de la preceptiva licencia municipal que le habilitara para ello (artículo 169 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía –LOUA–) ha procedido a la construcción de una edificación para uso residencial de 101,28 metros cuadrados de superficie una zona denominada ´Pago de las Esparragueras´, ubicada en el término municipal de Cómpeta".
La realidad de la presunta ilegalidad pudo ser comprobada por tres inspecciones: los técnicos municipales visitaron la obra los días 10 de julio de 2006 y 1 de julio de 2007, mientras que los efectivos del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realizaron la inspección el 9 de julio de 2009. "En todas ellas, verificaron que las obras se encontraban en estado de ejecución (70% construido", añade el representante de la acusación pública.
Las obras, indica el fiscal, han sido realizadas en terreno clasificado, según la normativa urbanística aplicable en el momento de los hechos, como suelo no urbanizable.

Legalización. Asimismo, la Fiscalía entiende que "la construcción no es legalizable, entre cuantiosos motivos, porque no puede justificarse la vinculación de la vivienda a fines agrícolas, forestales o ganaderos, según lo dispuesto en varios artículos de la LOUA".
Los hechos han sido calificados por el ministerio público como un delito contra la ordenación del territorio, y se solicita para el acusado un año y medio de prisión, una multa de 20 meses a razón del pago diario de 15 euros (9.000 en total), así como la inhabilitación especial del encausado para realizar obras, edificaciones y construcciones durante dos años y seis meses.
El escrito es especialmente duro, pues lo habitual es que las penas de prisión pedidas para estos delitos no sobrepasen los seis meses.

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