La Fiscalía de Málaga pide en su escrito de acusación trece años y medio de cárcel para el miembro de un clan gitano de La Palma que al ir a acabar con la vida de sus oponentes disparó por error contra una mujer que se refugiaba en un portal de la barriada y que nada tenía que ver con la discusión inicial. La joven murió. El juicio comenzó ayer en la Sección II de la Audiencia Provincial y seguirá el 19 de enero.

A las 13.00 horas del 16 de mayo de 2008, se originó una discusión entre tres personas en la calle Guadalbullón: de un lado, estaba el procesado P. A. M. G., miembro de un clan gitano; y del otro, A. O. R. y su hijo J. A. O. R., también pertenecientes a otro clan. La reyerta se inició porque un hermano de éstos, L. O. R., le vendió un vehículo por 7.000 euros a la otra familia, pero éste fue embargado al no haber pagado su primer dueño una deuda anterior. Éste, según el fiscal, no se negaba a abonarla, pero pedía hacer entrega de sólo una parte en ese momento.

J. A. O. R. sacó un arma, amenazando de muerte a los miembros del otro clan; su padre le quitó la pistola e hizo lo propio, por lo que los amenazados salieron huyendo.

P. A. M. G. fue a su casa a por otra pistola, cuya posesión no contaba con los permisos administrativos y disparó contra L. O. R., que se refugió en un portal cercano al lugar de los hechos. P. A. M. G. se acercó al mismo y, a tres metros de distancia, hizo dos disparos contra el vendedor del coche. Uno de ellos impactó en una pared del portal, mientras que el otro se alojó en el tórax de Y. G. M., de 33 años entonces, "disparo que le alcanzó el pulmón izquierdo y le produjo la muerte". Tras dar unos pasos, la mujer se desplomó muerta en el portal.

El autor de los disparos tenía visibilidad al realizarlos y era plenamente consciente de que había personas escondidas en el portal. A pesar de ello, abrió fuego, se dio a la fuga y se deshizo de la pistola. Antes, había escondido cartuchos cerca de la zona.

A éste se le piden 13 años y medio de cárcel por homicidio y tenencia ilícita de armas. A cada uno de sus antagonistas, 18 meses por amenazas.