El ex alcalde de Alcaucín José Manuel Martín Alba trató de recalificar los terrenos ubicados en el extrarradio de su pueblo reformando las normas subsidiarias de su municipio –documento similar al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que rige para los pequeños pueblos–, como ya adelantó La Opinión de Málaga el 3 de marzo de 2009. El Consistorio aprobó inicialmente, y por unanimidad, esta propuesta el 21 de diciembre de 2006, y con ella trataba de convertir 144.000 metros cuadrados de su perímetro en suelo urbanizable. Ahora, la Guardia Civil cree que esa maniobra trataba de legalizar las múltiples irregularidades urbanísticas existentes en el pueblo y amparar las que estaban por venir.

Este intento fue rechazado de plano por la Comisión Provincial de Urbanismo, que depende de la Junta de Andalucía. No en vano, además de llamar la atención sobre el hecho de que el documento no llevase firma del arquitecto de la Diputación que lo había efectuado, la Junta afirmó: "La memoria del documento carece del mínimo rigor necesario, incumpliendo de forma flagrante y directa los distintos conceptos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y del reglamento de planeamiento".

Pues bien, el 2 de abril de 2008, la Junta rechazó el expediente de reordenación territorial por medio de un informe jurídico devastador. Entre otras cosas, aseguraba la Administración autonómica que la memoria no iba acompañada ni por informes sectoriales ni por una declaración de impacto ambiental. Así, le exigió al Consistorio que justificase la reclasificación de las 14 unidades de ejecución. Finalmente, el equipo de gobierno no contestó y, a los tres meses, caducó el expediente.

Los agentes afirman que ahora se está tramitando un PGOU en la localidad, aunque dicen desconocer el estadio administrativo en el que se encuentra éste.

Esta información, adelantada por este periódico en la edición del 3 de marzo pasado, es la base de partida de la Guardia Civil en el ´caso Arcos´. De hecho, en la denuncia inicial tilda de "caos urbanístico" la situación que vive la localidad. "Es muy importante señalar, por su relevancia para el resultado final de las investigaciones, que desde el Ayuntamiento de Alcaucín se realizó un intento de regularizar la situación urbanística del municipio por medio de la innovación de las normas subsidiarias en suelos anejos al núcleo", afirman.

Los investigadores afirman que este expediente "parece haber sido concebido desde un principio con la única finalidad de dar cobertura legal a una serie de irregularidades y vulneraciones de la disciplina urbanística en el municipio que ya se habían producido, algunas que se estaban produciendo, e incluso en algunos casos otras que estaba ya previsto que se produjeran". Es decir, el intento del Consistorio consistía en auspiciar una regularización masiva de ilegalidades.

El Instituto Armado califica de "evidentes y numerosas" las infracciones cometidas en contra de los preceptos de las normas subsidiarias de Alcaucín –están en vigor las aprobadas en 1995–.

Revalorización asombrosa

Por otro lado, en el seno del caso se investiga una operación de compraventa de una finca que sufrió un importante incremento de valor al pasar de 180.000 euros en septiembre del 99 a 6,7 millones de euros en marzo de 2004. La parcela era rústica.