De entre los siete ex regidores condenados por delitos urbanísticos el más conocido es Julián Muñoz. El ex alcalde del GIL llegó a un pacto con la Fiscalía de Málaga para cumplir tres años de cárcel a cambio de aceptar su culpabilidad en el centenar de causas urbanísticas que tenía pendientes en los juzgados de la provincia. Él sólo arrastra más causas que todos los alcaldes de la provincia. Ya ha saldado sus cuentas por estos asuntos, relacionados sobre todo con la concesión de licencias de obra ilegales dadas incluso sin tener en cuenta los informes técnicos y jurídicos que deben avalar las mismas.
En los diversos juicios en los que compareció como acusado, siempre esgrimió que él únicamente se limitó a firmar lo que le ponían por delante.
Además, está procesado por cohecho y blanqueo, entre otros tipos, en el ´caso Malaya´; ha sido ya acusado por el fiscal en el ´caso Minutas´, y todavía se está dirimiendo en los juzgados de Marbella su responsabilidad en la firma de 21 convenios urbanísticos irregulares.
El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López (PP) fue condenado en marzo de 2008 a siete años inhabilitación por prevaricación urbanística; el ex regidor de Sayalonga José Luis Navas (PSOE) fue condenado en noviembre a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por conceder una licencia ilegal en 2000 y el alcalde de Benalmádena Enrique Bolín (GIB) fue sentenciado a ocho años de inhabilitación por conceder autorización para construir en suelo no permitido, cambiando su densidad.
El ex regidor socialista de Ojén Francisco Manuel Vázquez y cinco de sus ediles fueron condenados por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga a tres años y medio de inhabilitación por conceder dos licencias de obra para dos viviendas en suelo no urbanizable, mientras que el ex regidor de Valle de Abdalajís Tomás Gómez (PP) se conformó a mediados de 2009 con tres años de prisión por doce delitos urbanísticos (la Fiscalía pidió 30 años).
Sólo una condena es firme: la impuesta por el Tribunal Supremo (TS) al ex alcalde de Arenas Victoriano García Cuadra (IU) por permitir la construcción de 27 viviendas en suelo no urbanizable. Fue inhabilitado durante ocho años.
