La policía asegura, en un escrito enviado al juzgado que investiga el ´caso Astapa´ contra la corrupción urbanística en Estepona, haber bloqueado más de 13,6 millones de euros contenidos en las cuentas bancarias de los 26 primeros detenidos en junio de 2008, entre ellos el ex alcalde socialista Antonio Barrientos.

Que el dinero corría de mano en mano y con una fluidez inusitada queda claro analizando otro dato económico: Los investigadores intervinieron en los registros efectuados el 17 de junio de 2008 más de 850.000 euros, 33.000 dólares y 27.000 francos, amén de 7.630 libras esterlinas, cantidades todas éstas aprehendidas en efectivo.

Y todo ese dinero servía, claro está, para alimentar la voraz maquinaria del Consistorio y el ´modus operandi´ de la trama: los empresarios pagaban por obtener favores urbanísticos –normalmente por convenios que infravaloraban las propiedades municipales–. Los sobornos servían para patrocinar diversos eventos de la vida municipal, lo que prohíbe expresamente la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El dinero de los convenios debe ir destinado a reurbanizar la parcela de que se trate.

José Flores, ex jefe del gabinete de alcaldía y cerebro ´gris´ de la red, admitió en sus conversaciones telefónicas, como indica la primera instructora, que "cobra dinero de más a los empresarios y le ha metido al Consistorio miles y miles de millones en la negociación de convenios". En otra charla, aclara que los promotores pagaban un sobreprecio del 10% sobre las tasas legales.

En otra conversación, critica a Barrientos y dice: "Tiene que tener un grupo empresarial detrás para la siguiente campaña y para todo lo que nos viene en cuatro años". Parte del dinero servía para financiar a la agrupación local del PSOE y sus actividades electorales y el resto se destinaba supuestamente al mismo fin en el Partido Estepona (PES), que cogobernaba la ciudad.

Comparecencias

Las declaraciones de los acusados, desveladas después de que el nuevo instructor alzara ayer el sigilo procesal, son idénticas: todos niegan los sobornos y las presiones a los empresarios.

Pero hay algunos que en sus declaraciones policiales hablan claro. El interventor le dijo a la policía que el ex alcalde y el concejal Francisco Zamorano aprovechaban sus ausencias para que operaciones dudosas fueran firmadas por su sustituto. Además, añade que conseguían evitar la fiscalización del Tribunal de Cuentas vistiendo las aportaciones como "patrocinios". Por último, admitió haber recibido "presiones" para dar el visto bueno a operaciones económicas de "dudosa legalidad" e, incluso, que se negó a firmar algunas propuestas del alcalde.

El tesorero, por su parte, le explicó a la policía que en el Ayuntamiento entró dinero de paraísos fiscales –caso del convenio de Lamibra 04 SL, cuyo líquido provenía de las Islas Caimán–. También destacó la existencia de "un gran número de expedientes sancionadores a punto de prescribir o que han prescrito por la dejadez", lo que motivó que el Ayuntamiento dejara de ingresar 10 millones de euros, práctica de la que afirma haber aportado abundante documentación.

Un notario de la localidad le explicó a los investigadores que había comunicado al OCP –organismo que sanciona estas operaciones– dos ventas realizadas por uno de los implicados, primo además de Flores, y un ex edil.