Los documentos relativos a los registros policiales de la operación ´Astapa´ no sólo abundan en referencias al patrimonio de los detenidos. También aparece el nombre de la agrupación local del PSOE y no precisamente como aditivo en la descripción de algunos de los concejales. Su uso no es gratuito. Ni siquiera literatura complementaria. Según la investigación, el Consistorio reclamaba a los trabajadores municipales el carné del partido como requisito previo a su contratación.

La inferencia, desleída en diferentes citas del sumario, se justifica, de acuerdo con la investigación, en el material aprehendido en el despacho de la secretaria del alcalde. Allí se localizó una miríada de currículum. En cada uno de ellos se adjuntaba el mismo folio, que no era, precisamente, la partida de nacimiento, sino la hoja de inscripción en el PSOE, lo que, para la instrucción, "demuestra que para entrar a trabajar en el Ayuntamiento es condición ecuánime afiliarse al partido".

El hallazgo del material adquiere coherencia con una de las providencias iniciales de la operación, que demanda diversos documentos a los socialistas de Estepona, entre ellos, el listado de afiliados.

No se trata de la única mención al partido. Los registros destapan también otras actividades que, a la luz de la instrucción, resultan sospechosas. Es el caso de la campaña electoral de 2007, que, afirma el sumario, fue financiada por empresas con intereses en la localidad. La aseveración se fundamenta en anotaciones manuscritas y un contrato de publicidad descubierto entre los archivos decomisados.

Otro de los partidos que formaron parten del equipo de gobierno en las diferentes etapas que aborda la instrucción es el PES, al que se le atribuyen actividades, como mínimo, poco claras. Las diligencias previas del caso se hacen eco de las declaraciones de uno de los concejales del PA, que hablan de la eliminación de documentos presuntamente por parte de personas afines al partido esteponero.

La andalucista Agripina Rivas asegura en su declaración que dos días después de hacerse cargo de la concejalía de Medio Ambiente, en la que sustituyó al PES, "entraron personas de confianza de los miembros del ejecutivo anterior haciendo desaparecer papeles".

Las observaciones de los investigadores van más allá y reconocen en el material presuntamente destruido, que ha sido recuperado de manera parcial, la existencia de diversos tipos de facturas. El sumario alude también a indicios de adjudicaciones " a dedo" y propone el ejemplo de la publicidad encargada a las empresas Publiluna y Publiparking, así como los contratos de la concesión de los transportes públicos, que, sostiene el texto, carecerían de la correspondiente documentación.

La supuesta destrucción de facturas, apunta Agripina Rivas en su declaración, fue denunciada por vecinos de la sede del Ayuntamiento, que comentaron su extrañeza a la Policía Local tras observar la salida de papeles.