09 de abril de 2010
09.04.2010
Tribunales

La directora de una residencia, a juicio por estafar a 11 ancianos

Les obligaba a firmar poderes para disponer de sus bienes haciéndoles creer que les gestionaría el cobro de una pensión. Vendió varias casas a terceros y extraía el dinero de sus cuentas

09.04.2010 | 02:33
Alhaurín de la Torre. La Guardia Civil registró la residencia el 19 de abril de 2005.

La Fiscalía de Málaga reclama siete años y medio de prisión para la directora, entre 2003 y 2005, de la residencia Nuestra Señora de Gracia de Alhaurín de la Torre por haber estafado supuestamente a once ancianos. Su hijo se enfrenta a cinco años de privación de libertad por ayudar en algunas estafas. El juicio se celebrará los días 14, 15, 21 y 23 de junio en la Sección Novena de la Audiencia.
Según el escrito de acusación, la acusada, C. B. J., era directora de la residencia y, entre 2003 y 2005, actuando de forma fraudulenta "y con engaños", hizo creer a algunos de los residentes que iba a gestionarles una solicitud para el cobro de una pensión o la obtención de una ayuda económica "para sufragar los gastos de estancia". Para ello, los mayores debían firmar una serie de documentos, "como un contrato de ingreso en el que se hacía constar que los ancianos donaban o cedían a la residencia sus respectivas viviendas".
Así, "consiguió que muchos residentes firmaran, a su favor, un poder general notarial para disponer de sus bienes, sin que éstos supieran en unos casos que habían firmado el poder o desconociendo su contenido, en otros".
Algunas veces, la acusada "extraía fraudulentamente el dinero que los mayores tenían en sus cuentas bancarias", sumas que "excedían del cobro de las correspondientes mensualidades, incorporándolas a su patrimonio". Incluso, iba con ellos hasta el banco para que rubricaran el reintegro o iba sola a la entidad acompañada de los documentos ya consignados. "Ponía la excusa de que los ancianos se hallaban impedidos y no se podían trasladar hasta el banco", dice.
Una vez otorgados los poderes, vendía "sus viviendas a terceros, algunos de los cuales eran inversionistas dedicados a negocios inmobiliarios o las hipotecaba, o se las autovendía sin comunicárselo a los ancianos. Después, se quedaba el dinero obtenido y los ancianos sin sus viviendas", reseña el acusador público.
Al matrimonio formado por Francisco G. C. y Josefa R. C. les hizo firmar el consabido contrato por el que éstos cedieron su casa. Finalmente, la vendió a una sociedad haciéndose con unos 30.000 euros.
A la pareja formada por Juan R. S. y Concepción R. N. les hizo rubricar el mismo contrato, vendiendo su domicilio a otra mercantil. Lo mismo ocurrió con José P. S. y Remedios Morales, a quienes les hizo consignar un poder notarial para disponer de sus bienes, tras lo que logró vender su piso.
A Manuel C. E. lo acompañó al banco para extraer 566 euros, "haciéndole creer que era para pagar los gastos de su estancia en la residencia". En el caso de Emilio C. M., sacó de sus cuentas supuestamente más de 9.600 euros y logró enajenar su domicilio a cambio de 42.000 euros que éste no recibió.
Otro mayor, A. G. C., padecía un trastorno mental, pero se las arregló para deshacerse de su casa que adquirió una tercera por 54.000 euros. Tomás C. L. también le otorgó un poder notarial sobre su propiedad, y a María B. S., quien en esos momentos padecía demencia senil y estaba moribunda, le hizo otorgar "escritura de testamento en virtud de la cual nombraba heredera a la acusada" de la mitad de su domicilio.
Su hijo, D. S. B., la ayudó en algunas de sus maquinaciones. La mujer se enfrenta además a una multa de 22 meses con una cuota diaria de 12 euros y su hijo a una de 14 meses con idéntico abono diario. Además, tendrán que pagar la responsabilidad civil que se dicte en sentencia.

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