Fue un misil en la línea de flotación del ´caso Malaya´, pero finalmente el transatlántico ha conseguido escapar del ataque con una sola vía de agua. La Audiencia Provincial ha designado ya al nuevo tribunal que enjuiciará la macrocausa de corrupción después de la recusación presentada contra los tres miembros de la Sala que hasta ahora se había hecho cargo del procedimiento.

Aurora Santos, ex delegada de Justicia de la Junta de Andalucía en Málaga entre 2000 y 2008, fue recusada por el acusado Andrés Liétor, mientras que la defensa de Tomás Reñones hizo lo propio con José Godino y Rafael Linares. La Sala 77 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aceptó apartar a Santos del tribunal juzgador. Ésta será sustituida por Rafael Linares, mientras que la ex delegada socialista pasará a presidir el órgano bis que atiende los juicios ordinarios de la Sección I. La Sala se completará con la llegada del ex juez decano de Málaga Manuel Caballero Bonald.

Las recusaciones de Godino y Linares fueron rechazadas por el Alto Tribunal andaluz. Durante los casi dos meses que ha tardado este organismo en dilucidar la cuestión planteada por las defensas, se hizo cargo de los recursos ordinarios del procedimiento la Sección Segunda, de forma que ésta fue la encargada de levantar la prisión preventiva sobre Juan Antonio Roca, principal imputado del caso, al cumplirse el periodo legalmente establecido para ello.

Ahora, las partes están en pleno periodo de instrucción –estudio– de la causa. En mayo, está previsto que el ministerio fiscal presente el escrito de acusación, lo que después, en junio, deberán hacer las defensas. Así, las cuestiones previas del plenario se iniciarán en julio y el juicio propiamente dicho comenzaría ya en septiembre.

Es un calendario frágil pero posible si determinadas defensas dejan de poner palos en las ruedas de la bicicleta. Incluso el letrado de Juan Antonio Roca, José Aníbal Álvarez, está colaborando con eficacia en lograr que llegue pronto el juicio. Hay muchos encausados que no aguantan más y quieren, cuanto antes, que la Justicia se pronuncie. Las medidas cautelares pesan como una losa contra muchos de los acusados: no pueden salir de España, tienen su patrimonio intervenido y han de acudir a firmar a los juzgados.

Unos optarán por acuerdos con la Fiscalía para cerrar el tema y otros esperan poder demostrar su inocencia. Pero la Sala no está para bromas y no permitirá ni una sola muestra de deslealtad procesal o ánimo dilatorio en las partes.

Hace unos meses, doce abogados defensores pactaron hacer todo lo posible por dilatar la vista. De momento, han conseguido sólo parcialmente su objetivo. Pero los magistrados quieren que el transatlántico llegue a puerto.