Ya ha pasado un mes, pero los abogados defensores del ´caso Ballena Blanca´ contra el blanqueo de capitales lo ven más o menos igual. Federico Morales, presidente del tribunal, dio treinta días, con el juicio ya comenzado, a las partes para que examinaran cien cajas de documentos intervenidos en los registros de la causa que no habían sido foliados ni ordenados durante la instrucción. Sobre ellos se construyó parte de la acusación de la Fiscalía y, para contradecirla, han debido de estudiar los escritos en los que el acusador se basó.

Tras un mes, las partes no han podido instruirse. O eso dicen. Ayer se reanudó la vista oral. Horacio Oliva, letrado del principal acusado, el abogado Fernando del Valle, pidió la nulidad radical de todo lo instruido por diversas vulneraciones de derechos constitucionales. Y si eso no cuela, que la causa vuelva al Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella para que se arregle allí el desaguisado.

"Un veinte por ciento de los documentos que se llevaron del despacho no está entre lo embridado", explicó Oliva, quien volvió a asegurar que la policía, el juez Miguel Ángel Torres y el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero hicieron una "investigación prospectiva", es decir, no partieron de indicios sólidos de que en la firma de Del Valle se daba cobertura societaria a dinero sucio procedente de todo tipo de delitos, sino que simplemente se investigó "a todo un despacho". No en vano, la policía se llevó expedientes de un millar de clientes.

"La fuente original de prueba ha sido obtenida ilícitamente", reflexionó. Por tanto, es necesario "que sea el instructor el que complete la instrucción y el que diga qué hay o qué no hay". Poco después, calificó los 200.000 folios como un "amasijo de documentos".

La cadena de custodia de esos papeles se ha roto, en su opinión. A lo largo de su intervención, recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado las escuchas telefónicas del ´caso Gürtel´.

Y en ´Ballena Blanca´, explicó, también se han grabado conversaciones entre abogado y cliente. Una vez más, el secreto profesional, vulnerado para Oliva con el registro del despacho, salió a colación.

José Carlos Aguilera, representante del notario Antonio Rodríguez Espinosa, tildó lo acaecido durante la instrucción de Torres como "un registro universal", una práctica que este magistrado "puso de moda". "Esta Sala debe pronunciarse sobre este hecho, que no va a ser el primero. ´Malaya´ está igual y después vendrán ´Astapa´ o ´Arcos´, donde se produjeron incautaciones masivas de documentos", recalcó.

El fiscal empezó su intervención sobre las cuestiones previas de la siguiente forma: "Parece que hay una categoría de personas que deben permanecer al margen del derecho penal", en referencia a los abogados. En relación a los 200.000 documentos intervenidos en los registros, indicó: "La cadena de custodia está asegurada. Los escritos estaban bajo fe pública y de ahí pasaron a la Sala". López volvió a defender al juez Torres de los ataques de las defensas.