Los constructores se quejan de los ayuntamientos malagueños están aprovechando la coyuntura para recaudar impunemente dinero entre las empresas que concurren a sus licitaciones, inflando además la redacción de los proyectos de obra con añadidos que estos empresarios consideran, cuando menos, «algo abusivos». A juicio del sector, los consistorios «tienen la sartén por el mango» y están aprovechando esa «situación de poder» para «exprimir» al empresario, a sabiendas de que aceptarán las condiciones para poder seguir trabajando.

El ejemplo más sangrante, para la ACP -de hecho lo tiene en los tribunales a través de un contencioso administrativo aún por resolver- es el del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que cobra una tasa a cada empresa por el mero hecho de presentarse a concurso. El importe varía en función de lo licitado, con un tope máximo de 3.000 euros. Precisamente, hace unos días, acabó el plazo de ofertas para las obras de un aparcamiento a cargo del plan FEIL. El importe era de 2,6 millones de euros y cada empresa ha abonado 2.260 euros por concurrir lo que, suponiendo una concurrencia media de unas 15 ofertas, ya le aportaría al Ayuntamiento más de 33.000 euros sólo por organizar cl concurso.

«Es como si quiero pintar mi casa y le cobro a los pintores sólo por darme el presupuesto, o si le pido dinero a una persona sólo por dejarme un currículum cuando busca trabajo», explica la gerente de la ACP, Violeta Aragón.

Este contencioso ha sido posible porque Alhaurín de la Torre tiene metido este mecanismo en sus ordenanzas, algo más difícil cuando ayuntamientos ´inflan´ un pliego de condiciones con peticiones ajenas a la obra. Y es que se está poniendo de moda en los concursos municipales que la adjudicataria deba «regalar» otras obras, condición que incluso se puntúa en el baremo de adjudicación. Según la ACP, la ley permite estos añadidos cuando mejoran el proyecto; el problema es cuando lo se exige no tiene una relación tan directa.

Coches y mantenimiento

¿Ejemplos de estas prácticas? Varios, afirman los constructores. Hace unos meses, el Ayuntamiento de Torremolinos solicitó en cada licitación que la adjudicataria construyera un trozo de una barandilla para un avenida del municipio. El de Marbella ha incluido en el concurso de una obra que la empresa done un vehículo que será utilizado para el mantenimiento de la misma. En Benalmádena, el concurso de la obra de ampliación de un pabellón polideportivo da un punto extra a la empresa que acepte hacerse cargo de su mantenimiento una vez construido, con un máximo de cinco puntos obtenibles.

«En esos casos tendrían que ser las empresas las que presentaran alegaciones y un recurso contencioso-administrativo, pero si lo hacen saben casi seguro que no les van a dar más obras», comenta Aragón. La ACP se queja de que con esta práctica «se exprime al empresario y se le lleva a la ruina, casi para querer hacer dos obras el precio de una, y luego encima, soportando la morosidad de los ayuntamientos».

Eso sí, en el haber de los consistorios hay que decir que muchos de ellos -el de Málaga fue el pionero- han renunciado a solicitar las denominadas garantías provisionales a las empresas que optan a la adjudicacio?n de un concurso pu?blico. Esta exigencia obliga a las constructoras a negociar con las entidades financieras un volumen de entre 30 y 50 millones de euros anuales en avales sólo en la provincia de Málaga.