Juan Calvo-Rubio (Aguilar de la Frontera, 1960) nació cuando eso de la ecología no era más que una idea utópica. Se licenció en 1982, tras formar parte de la primera promoción de la Facultad de Derecho de Córdoba, aunque, a día de hoy, no sabe por qué eligió ser fiscal. «No hay un motivo concreto. Influyó mucho un profesor de penal que tuve en segundo que era fiscal», recuerda. Lo cierto es que no le ha ido nada mal, porque en la actualidad coordina la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga, un área pionera desde su creación en 1998. Tras cinco años al frente de la especialidad, y 25 en la carrera, se ha ganado el derecho a hablar claro. No se esconde ni titubea ante las preguntas. Es más, se nota que sabe lo que lleva entre manos y enuncia sus ideas con una autoridad más propia de un profesor de universidad que de un acusador público.

Esta semana presentó la memoria de Medio Ambiente referente a 2009, donde destaca que cada vez hay más ayuntamientos (15 de 101) que colaboran con la Fiscalía. Pero lo cierto es que ahora está en el punto de mira, porque muchos alcaldes quieren que se simplifique la ley, que se pode, para evitar verse en el banquillo de los acusados. Para ellos, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) es casi el equivalente a un manual de magia negra.

«Yo creo que no hay tanta confusión. La LOUA no quiere que se construya en el campo. ¿Qué ocurre? Que eso no lo asumimos. Sólo se puede construir cuando hay una necesidad justificada de una vivienda destinada a usos agrícolas, forestales o ganaderos. ¿Que no se define lo que es necesidad justificada? No hace falta. Es obvio que cuatro aguacates no necesitan allí a nadie viviendo y rehabilitar nunca será que, de un muro de dos metros, se pase a tener un chalé de dos plantas», reflexiona. Aboga por el «sentido común».

Es un amante del trabajo, al que le echa muchas horas. ¿Hacia qué lugar se dirige la sección? Es complicado de explicar. «Con los medios que tenemos resulta muy difícil». Quiere más fiscales –hay tres–, más funcionarios y un programa informático que les alivie la labor.

Reconoce, eso sí, el trabajo desarrollado por sus antecesores y se dice «enganchado» a la materia. Huye de sacar lecciones de su día a día, más allá «de seguir las interpretaciones que marca la jurisprudencia». Y recuerda que eso le ha valido cuando le han llegado cuestiones complicadas –no habla de Marbella o de casos en los que hay políticos implicados, pero tampoco hace falta–.

Es consciente, en cualquier caso, de que la labor que desarrolla está esparciendo semillas positivas en una sociedad ensimismada e irreverente. Ya ni siquiera se respeta a nuestro entorno. Pero recuerda que a él no le corresponde hacer pedagogía. «Yo sigo diciendo que un fiscal no debe ser un supervisor de la labor de la administración», recalca.

Como jurista amante de lo que hace, se reafirma en que «el derecho penal no es la solución». De hecho, se llega a él cuando ya todo ha fallado. «La solución al problema no es castigar al que ha cometido el delito, sino que no se cometa el hecho», incide.

«Me da la impresión de que, como consecuencia del trabajo de la Fiscalía, al menos, algunas personas están tomando conciencia de algunas situaciones que antes tenían poco claras. Parece que, de alguna manera, se ha despertado cierta conciencia de defensa del medio ambiente. La sociedad entiende lo que estamos haciendo y hay cosas que parece que van cambiando», precisa.

Sin embargo, los paisajes manchados de casas son la tónica habitual en Málaga. ¿Se puede revertir esa situación? «El problema es que algunas personas no entiende que eso es una agresión. Muchas veces decimos qué más da una casita si ya hay cuatro o cinco», apostilla.

Su futuro no le inquieta, porque cree tener cuerda para rato: «Llevo 25 años en esto, pero no me parece que haya llegado al límite todavía. Sigo teniendo ganas e ilusión».