La reforma laboral del Gobierno, que entró en vigor el pasado 18 de junio tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no se ha dejado notar aún en la provincia de Málaga. Esto es al menos lo que se desprende de los datos ofrecidos ayer por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, según los cuales, el pasado mes se firmaron en Málaga sólo 2.700 contratos indefinidos, frente a los 44.641 contratos temporales. Según esta cifra, la nueva norma no ha conseguido impulsar el empleo estable y reducir la temporalidad, una de sus principales intenciones, ya que los porcentajes se asemejan a los de años anteriores.

En concreto, los contratos indefinidos se han reducido un 14 por ciento respecto a junio de 2009, mientras que los temporales ascienden y se situaron el pasado junio un 2,4 por ciento por encima del mismo mes del pasado año.

Así las cosas, de nada parece haber servido tanta prisa por aprobar esta reforma, según los graduados sociales, que aseguran que el nuevo texto ha llegado «tarde y con defectos». Critican que acumule más de dos años de retraso y que proceda del «fracaso de la negociación colectiva». «No entendemos como los sindicatos y los empresarios no han hecho un esfuerzo para consensuarla», señaló el presidente del colectivo, Juan Fernández, quien adelantó que la reforma «no va a reducir el desempleo, ya que no existen medidas que fomenten la creación de nuevos contratos» y, por el contrario, se da más facilidad para que nuevos trabajadores vayan al desempleo.

Además, no hay ni un simple comentario al incremento de la productividad, no se entra a reformar la negociación colectiva y no se les da herramientas a los empresarios para controlar las bajas, dijo.

Tampoco parecen impulsar el empleo estable las bonificaciones a la contratación indefinida. Éstas se reservan a los jóvenes de hasta 30 años (800 euros o 1.000 en el caso de las mujeres) y a los mayores de 45 años (1.200 euros y 1.400 si son mujeres). Para que se puedan hacer efectivas estas ayudas, las contrataciones deben suponer un aumento del personal fijo de la empresa y en todos los casos la duración es de tres años desde el contrato.

Según los graduados sociales, con estas medidas desaparecen la mayoría de las bonificaciones que existían antes de la reforma. El vocal del Colegio Agustín del Castillo recordó ayer que el objetivo de la reforma debía ser «que la gente contrate», algo que no ocurrirá, ya que al empresario «le cuesta más el contrato que las bonificaciones ofrecidas».

Según Del Castillo, todo esto ocurre porque la reforma ha sido confeccionada «por gente que no trabaja, por unos señores que se han metido a políticos para siempre y no saben ni siquiera lo que es un contrato».

El colectivo criticó también el carácter «provisional» del texto, algo que provoca «incertidumbre» al no saber si es la definitiva.