15 de julio de 2010
15.07.2010

Los últimos informes de la Guardia Civil para «Arcos» revelan la existencia de nuevos delitos

Fuentes cercanas a las pesquisas afirman que, a los 34 imputados que hay en la actualidad, se sumarán más personas

15.07.2010 | 07:00
Martín Alba, ex alcalde de Alcaucín, tras salir de la cárcel.

Una vez abierta la Caja de Pandora, hace falta mucho tiempo para cerrarla. La operación «Arcos» contra la corrupción urbanística en la localidad axárquica de Alcaucín se inició hace 22 meses, en concreto el 16 de septiembre de 2008, con un informe del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa (UCO), escuadra perteneciente a la Guardia Civil.
Tras tantos meses de instrucción, y cuando aún está el sumario bajo secreto para las partes personadas, la Guardia Civil ha entregado nuevos informes con conclusiones acerca de la documentación incautada en los registros, explicaron fuentes cercanas al caso. «Son completos y extensos análisis que han abierto nuevas vías de investigación sobre posibles hechos hasta ahora desconocidos que ya están siguiendo tanto la Fiscalía Anticorrupción como la juez instructora de la operación, Irene Urbón», añadieron las mismas fuentes. De hecho, los investigadores de la UCO realizan ahora «numerosas diligencias urgentes» con el objetivo de coronar una investigación tan larga y compleja.
Asimismo, las fuentes explicaron que actualmente hay 34 imputados, entre ellos el ex alcalde de la localidad y ex socialista José Manuel Martín Alba; dos arquitectos de la Diputación Provincial de Málaga, varios técnicos y numerosos empresarios.
Dos datos de interés: pese a lo que parecía en un primer momento, no se ha encontrado dinero en paraísos fiscales, frente a lo que ha venido ocurriendo en otras tramas de corrupción de la Costa del Sol como «Malaya» o «Astapa»; por otro lado, en pocos meses se pondrá el punto final a la investigación, puesto que estos nuevos hechos se determinarán en pocas semanas, así como también ocurrirá con los responsables de estas presuntas irregularidades urbanísticas.
«Son hechos nuevos relacionados con lo que se ha venido investigando hasta ahora, y se está manejando un gran nivel de documentación», añaden.
Irene Urbón está pensando en levantar el secreto de las actuaciones sobre lo que resta de sumario en unas cuantas semanas. Por cierto, aquí tanto el juzgado como el fiscal Anticorrupción no han tenido problemas para que les digitalicen las copias del sumario, lo que a su vez ha imprimido mayor agilidad en las pesquisas.
La denuncia inicial partió de informantes anónimos, pero hubo un movimiento en pleno de la corporación municipal que llamó la atención de los ya, por entonces, sorprendidos agentes: el Consistorio trató de recalificar, a través de un nuevo plan general, todo el extrarradio del municipio, más de 144.000 metros cuadrados.
El objetivo, indican los responsables, era legalizar de facto las supuestas irregularidades que se habían permitido en la periferia del pueblo. La Junta de Andalucía se llevó, meses antes de las detenciones, las manos a la cabeza cuando supo de las intenciones del Ayuntamiento. Este intento violó «de forma flagrante» la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En «Arcos», la base es similar a «Malaya» o «Astapa», salvando las distancias: un grupo de empresarios quiere hacer negocio en el pueblo y, para ello, ha de contar con el favor de las autoridades locales; así, ese núcleo de poder subvirtió presuntamente la legalidad a base de sobornos.
Una vez más, las nuevas formas de investigación de las unidades especializadas policiales dieron sus frutos: se estudia el patrimonio y si el encausado no puede justificarlo a través de sus ingresos legalmente conocidos, hay gato encerrado. El alcalde, por ejemplo, guardó debajo de su cama más de 160.000 euros. Los agentes indican además que pudo haberse beneficiado de la entrega de un ático y de una parcela, amén de poseer cuatro coches. De éstos, sólo podía explicar, siempre según los informes de la Guardia Civil, la adquisición de uno.
En concreto, el Instituto Armado cree que Martín Alba no puede explicar con sus ingresos conocidos una cantidad que rondaría presuntamente los 127.000 euros.
Hay otras vertientes interesantes en el caso: por ejemplo, los numerosos informes manipulados para dar carta de naturaleza a construcciones irregulares, o la escasa colaboración para con la Justicia, antes incluso de que «Arcos» fuera una incómoda realidad en Alcaucín. Alba «facilitaba la cobertura documental que se precisa para burlar los controles extramunicipales establecidos al efecto –instancias autonómicas, notariales, registrales y judiciales...–», indicaban los responsables de las pesquisas en uno de sus informes contenidos en el sumario de la macrocausa.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

La Opinión, en tu WhatsApp


Apúntate, es gratis

Toda la actualidad de Málaga, en tu móvil con nuestras alertas informativas por WhatsApp



Enlaces recomendados: Premios Cine