La Fiscalía de Málaga ha solicitado un total de 58 años de prisión para los cuatro miembros de una organización internacional que se dedicaba a traer a paraguayas a nuestro país para obligarlas después a ejercer la prostitución en un piso de la capital. Tres de los acusados son familia y residían en España, mientras que el cuarto ejercía como taxista en la nación hispanoamericana.
La novedad es que ésta es una de las primeras veces en las que la Fiscalía, gracias a la cooperación judicial internacional, consigue sentar en el banquillo de los acusados a un miembro de la red que opera en el estado de origen.
Así, en el año 2007, los acusados E. B. F. C., su marido D. J. R. S., español, y G. C. F., madre de la primera, se pusieron de acuerdo con B. S., taxista de profesión, para «reclutar ciudadanas paraguayas y, bajo el engaño de ofrecerles trabajo en España, traerlas a nuestro país y obligarlas a ejercer la prostitución en una vivienda que habían alquilado al efecto hasta que saldaran la deuda contraída, en la que se incluía el coste del viaje», dice el acusador.
Contactos en el país de origen
Para ello, utilizarían los contactos de B. S. Éste aprovechó la situación de necesidad de una de las chicas y la puso en contacto con los acusados, aunque no se ha constatado que supiera del fin que le esperaba a la mujer. Le dijo que podían ofrecerle trabajo en Málaga, y la llevó hasta un hotel en el que se reunió con E. B. F. C. Ésta le ofreció un empleo de camarera por 1.500 euros, asumiendo ellos, siempre en palabras del fiscal, el coste del viaje.
Incluso, la aleccionaron sobre lo que debía decirle a la policía, insistiendo en que afirmara haber llegado a España como turista. Una vez en España, la recogería la madre de E. B. F. C.
El 3 de abril de 2007, B. S. le entregó los billetes, y, junto a otra chica no identificada, la llevó al aeropuerto. Llegaron a Málaga, donde las recogieron E. B. F. C. y D. J. R. S. Acto seguido, alojaron a la primera en un piso de la capital, donde permaneció dos días vigilada por G. C. F., quien le explicó que, «en realidad, su trabajo consistía en ejercer la prostitución, al menos hasta que saldara la deuda». Llegó a indicarle que ella era «la mami» y que debía obedecerla, pues lo contrario sería perjudicial para su familia. Cuando se negó a realizar el acto con un cliente, fue zarandeada. El día que no trabajaba, debía pagar treinta euros.
«Una vez saldada la deuda, comenzó a percibir el 50% de los servicios prestados. Los acusados se quedaron con el resto, hasta que ella pudo denunciar», añade el acusador público.
El mismo ofrecimiento hicieron los tres principales acusados a otra paraguaya que llegó al Aeropuerto de Málaga en compañía de «la mami» el 4 de septiembre de 2007. E. B. F. G. y su marido, D. J. R. S., recogieron a la chica en el Aeropuerto, y el viaje lo pagó G. C. F., quien la acompañó ya en Paraguay a solventar todos los trámites burocráticos.
«Finalmente, E. B. F. G. le manifestó que no iba a trabajar en ningún restaurante, sino ejerciendo la prostitución en su casa», relata el ministerio público. La víctima se negó, pero la procesada le aseguró que había contraído una deuda de 3.000 euros y que, hasta que no la saldase, «no podría salir a ningún lado, siendo vigilada por los tres». A los dos meses, pudo pagar lo que debía, empezando a recibir la mitad de lo que ganaba por estos servicios. Ambas se encontraban en España de forma irregular.
Calificación fiscal
Los hechos fueron calificados como un supuesto delito de favorecimiento de la inmigración, dos ilícitos de prostitución coactiva y uno del 312 del Código Penal. Los tres familiares se enfrentan, cada uno, a 17 años de cárcel, al pago de dos multas de 20 meses a razón de 12 euros diarios y al abono de 24.000 euros en total a cada una de las mujeres coaccionadas (12.000 euros por cabeza). El miembro de la red que operaba en Paraguay se enfrenta a siete años de cárcel.
