La soga de la crisis aprieta el cuello del maltrecho mercado laboral mientras algunos empresarios, trabajadores y desempleados buscan fórmulas para el desahogo que no se ajustan a la ley. Conscientes de que la salud de muchas empresas de la provincia ha empeorado en lo que va de crisis, la oficina de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Málaga extrema las precauciones multiplicando su control sobre el tejido empresarial malagueño y evitar el fraude.

Así se desprende del resumen de actividades de esta oficina relativo al primer semestre de este año, periodo en el que los inspectores sumaron 1.261 visitas más que entre enero y junio del año pasado. En total, 5.126 visitas (un 32% más), que provocaron 9.621 actuaciones (+31%) para detectar 1.304 infracciones (+18%) valoradas en casi 2,5 millones de euros. La jefa de Inspección de Málaga, Mercedes Muñoz, confirma a La Opinión de Málaga la tendencia al alza de la actividad con un aumento superior al 54% en el importe de las liquidaciones a la Seguridad Social, una subida del 60% en prestaciones ilegales detectadas (cobrar el paro y trabajar) y hasta un 273% más en el importe de las liquidaciones.

Solamente en la ausencia de altas a la Seguridad Social, el resumen semestral contabiliza en la provincia más de 7.000 actuaciones en las que se han detectado 863 infracciones (830 en asalariados y 33 en autónomos) cuyo importe asciende a más de 657.000 euros. Sin embargo, la cantidad liquidada en las arcas de la Seguridad Social se eleva hasta rozar los dos millones de euros. No menos relevante resulta comprobar que esas inspecciones supusieron el alta inmediata de 596 trabajadores que hasta ese momento trabajaban de forma irregular frente a las 381 bajas.

Sin embargo, la picaresca y la economía irregular se agudizan cuando los inspectores de trabajo se introducen en el campo de las prestaciones. Aquí, en los primeros seis meses de este año se han realizado 1.156 actuaciones en las que se detectaron irregularidades en la situación de 341 trabajadores.

La causa más numerosa, con 171 casos, se refieren a personas que fueron sorprendidas trabajando mientras percibían la prestación por desempleo. La consecuencia inmediata, según Muñoz, es la suspensión inmediata de esa prestación. En este tipo de infracción también se vieron implicados 156 empresarios, datos que revelan la igualdad que muestran jefes y empleados a la hora de jugársela. Con menos casos pero igual de llamativas, aparecen infracciones en las prestaciones por incapacidad temporal o permanente, es decir, aquellos trabajadores que fueron sorprendidos trabajando durante una baja médica, los que continuaban trabajando después de haber sido incapacitado para ello o jubilados que continuaban su actividad. Las inspecciones entre los trabajadores extranjeros sí que han sufrido descensos significativos. No en el número de actuaciones, que han pasado de las 985 del primer semestre del año pasado a las 1.422 del presente, pero sí en las infracciones detectadas. Tanto es así, que entre enero y junio de este año se han detectado 100 irregularidades por las 170 del mismo periodo de 2009. La mayoría de ellas, según los datos del la Inspección Provincial, se refieren a los permisos de trabajo de extranjeros que trabajan por cuenta ajena.