El interventor del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) aseguró en su declaración en el juicio por el caso 'Minutas' que la Alcaldía "lo que hizo fue impedir el contacto entre los auditores y los funcionarios directivos del mismo, especialmente el tesorero y el interventor", y apuntó que "todo lo que se hizo" en este proceso de fiscalización del Tribunal de Cuentas "fue ordenado por Jesús Gil", en ese momento alcalde marbellí.

"De esta manera, se limitó la actuación del Tribunal de Cuentas y los conocimientos auténticos y las consecuencias fueron que se hizo un informe de fiscalización, que podría haber sido más amplio, que se aprobó, porque el Tribunal había llegado hasta el máximo a la vista de los impedimentos y las trabas que existieron, pero hubo cosas que se obviaron por desconocimiento porque no se les facilitó la información adecuada", explicó el testigo.

En el juicio por las presuntas irregularidades en los encargos realizados por el Consistorio marbellí al abogado José María del Nido, que continuará el próximo 30 de septiembre, el interventor contestó a preguntas del fiscal que él no estuvo presente en la primera visita que hizo el equipo de fiscalización a Marbella, por "determinaciones" por parte de la Alcaldía, al no convocarle; aunque luego estos representantes sí fueron a su despacho a verle.

Explicó que le comentaron el sistema establecido para la entrega de documentación al Tribunal de Cuentas, por el que "no sería ni el interventor ni el tesorero quienes la hiciéramos, sino a través de personal designado", acuerdo que no supo decir quién tomó, aunque entendió que sería adoptado "por ambas partes". De esta forma, aseveró que fue apartado de este proceso de entrega y petición de información.

"Este acuerdo dio origen a una serie de dificultades de comunicación con el Tribunal de Cuentas --insistió el testigo-- porque querían comunicarse con el señor tesorero y conmigo". "Esto dio lugar a que fuese declarada una cantidad de alcances contables muy elevada con ocasión a la no entrega de documentación", apuntó el funcionario, que destacó que facilitó informes por su cuenta, tras lo que fue suspendido de empleo y sueldo.

El interventor incidió en que al Tribunal de Cuentas "no se le facilitó la información adecuada y realmente exigible y, por tanto, se cerró ese informe con ciertas carencias, que luego no pudieron ser subsanadas porque fue aprobado definitivamente", aunque recordó que era dicho Tribunal el que decidía qué documentos pedir y a veces los requería "con una premura excesiva y no contábamos con los medios humanos".

DEL NIDO Y MUÑOZ

Sobre Del Nido, dijo que su actuación en la primera fiscalización "no obstaculizó en grado alguno", aunque reiteró que "sí existía aquella separación que Gil determinó". No obstante, entendió que "hubiese bastado con los técnicos municipales" para llevar a cabo estos trabajos, "pero la determinación la tomó Jesús Gil", apuntó, sin intervención de órgano de gobierno alguno. En este punto, añadió que no tuvo un valor añadido el contar con un asesor externo.

Explicó que, inicialmente, hubo "una opacidad total" respecto a los documentos contables de ordenación de gastos que fueron requeridos y entregados, aunque "poco a poco se fue relajando y al final, cuando llegaba el escrito del Tribunal de Cuenta se me entregaba". "En este aspecto, quien influyó mucho en que se me entregaran fue Julián Muñoz porque el tesorero y yo le hicimos ver los problemas por seguir con estas instrucciones", apostilló.

En este sentido, consideró que la segunda fiscalización correspondiente a los ejercicios 2000-2001 no tuvo las mismas características porque "Julián Muñoz no dio esas órdenes que dio Jesús Gil y en esa ocasión sí se dirigían directamente al tesorero y al interventor".