El Sindicato Médico de Málaga anunció este lunes que actuará legalmente en el caso de que la Administración sanitaria andaluza "no respete" el derechos de los galenos andaluces a declarase objetores de conciencia en cuanto a su participación "tanto directa como indirecta" a la hora de practicar un aborto en la comunidad.
En una nota, el citado sindicato mostró así su apoyo a la reciente creación, por parte del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, del registro colegial de objetores de conciencia, toda vez que sostuvo que la objeción de conciencia "es un derecho fundamental e individual reconocido en la Constitución Española, el cual no está regulado por otras leyes".
Por ello, mostró su rechazo al posicionamiento de la consejera de Salud, María Jesús Montero, en el que "ha negado el derecho de los médicos a la objeción de conciencia, en relación con la Ley de salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo", señalaron desde el sindicato.
Según la citada entidad colegial, el derecho a la objeción se define como "la negativa de una persona, basada en serias razones de conciencia moral, a realizar ciertos actos o a participar en determinadas actividades que ordena la ley o la autoridad competente en un momento determinado".
Así, fuentes del citado sindicato argumentaron que Montero "se equivoca al amenazar a los médicos", ya que, "nadie puede disponer de la conciencia moral de sus semejantes y, en consecuencia, todos los médicos están en su derecho de negarse a colaborar tanto directa como indirectamente en un asunto que su conciencia rechaza", enjuiciaron.
Agregaron que en las facultades de Medicina "se nos ha enseñado desde tiempo inmemorial a prevenir, tratar, curar o mitigar las enfermedades físicas o psíquicas de nuestros semejantes y, si ello no fuera posible, a consolar al paciente y sus familiares".
"En ninguna facultad se nos enseña a quitar la vida a nadie y la objeción de conciencia ante esto es inviolable", prosiguieron desde el Sindicato Médico, toda vez que advirtieron de que emprenderán acciones legales "contra la consejera y contra todo aquel que obstaculice de algún modo el ejercicio de ese derecho".
ANDOC
Precisamente la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia (ANDOC), anunció el pasado jueves en un comunicado que la aplicación de la Ley del Aborto está ya provocando el "rechazo" de funcionarios adscritos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), los cuales "se sienten utilizados como instructores en procesos extrajudiciales de pena capital".
"El SAS es un ejemplo de incoherencia administrativa, pues en cada provincia y en cada distrito se siguen instrucciones verbales distintas", alertó esta asociación en su nota, en la que explicó que, en el caso de Sevilla, "se pretende que sean funcionarios adscritos a la administración del SAS quienes diligencien las peticiones de aborto en formularios donde no aparece el nombre de la beneficiaria, pero sí obliga a que aparezca el nombre, firma y sello del funcionario que diligencia la petición".
Por el contrario, proseguía ANDOC, "en Granada se pretende que sean los médicos de atención primaria o los enfermeros quienes diligencien estas peticiones", mientras que "en zonas rurales serían exclusivamente los médicos para preservar el anonimato de la solicitante de aborto".
"En la provincia de Málaga se trata de hacer de los enfermeros los diligenciadores de esos trámites, que son administrativos, una función diferente de la que corresponde a estos profesionales. Sea como fuere, desde Huelva a Almería las normas de asignación de cometidos no existen, o son verbales, y ambiguas", agregó esta asociación.
Para la ANDOC, el proceder de la Junta de Andalucía con la Ley del Aborto "deja en indefensión a los profesionales sanitarios y a los funcionarios y trabajadores sociales, que no pueden conformar su voluntad y les priva del derecho de recurrir si es que así lo estimaran".
