El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la Diputación Provincial de Málaga con la anulación de un pleno extraordinario celebrado en diciembre de 2008, al considerar que por parte del equipo de gobierno, presidido por Salvador Pendón, se había vulnerado el derecho fundamental a la participación política del PP, tras haber convocado la sesión con carácter extraordinario «sin razón para ello», según informaron desde el Partido Popular.

Desde dicha formación política indicaron que el pleno en cuestión fue convocado de urgencia, con el objetivo de aprobar los presupuestos del ente supramunicipal para el año 2009 «sin respetar el plazo mínimo de dos días de preparación exigidos legalmente y sin que se justificase la convocatoria urgente, sino por razones de conveniencia y deseo de celeridad», según recoge la sentencia.

En este sentido, precisaron que «el hecho de que el pleno fuese convocado de un día para otro impidió que el grupo popular en la Diputación Provincial pudiese elaborar las alegaciones pertinentes a los presupuestos que se iban a aprobar», explicó el portavoz de los populares en la institución, Francisco Salado, a través de un comunicado.

«Intentaron aprobar el presupuesto sin tener en cuenta lo que tenía que decir al respecto la oposición, todo un ejemplo de democracia», ironizó el dirigente popular.

Además, Salado consideró que el fallo de la sentencia «hace justicia y pone en evidencia los dudosos mecanismos a los que nos tiene acostumbrado el equipo de gobierno -formado por PSOE e IU- en la Diputación Provincial de Málaga».

Urgencia injustificada

Según el PP, la sentencia señala que la aprobación del presupuesto «no justifica la urgencia de la convocatoria» y añade que «la participación de los concejales en las sesiones plenarias constituye una de las manifestaciones más importantes de la función representativa que tienen encomendada por la Ley» estas instituciones.

Asimismo, indicaron que el escrito apunta que son dos los aspectos vulnerados. Por un lado, «el tiempo que debe mediar entre la convocatoria y su celebración» y, por otro lado, «la garantía del derecho de la información de los concejales sobre los asuntos a tratar a fin de asegurar la formación libre de la voluntad de un órgano colegiado».

Para la Sala, según señalaron desde la formación política, se trata de una doble vulneración que «no puede hallar posible justificación, y menos cuando se trata de un asunto de tanto calado para la vida del órgano provincial como es la aprobación de sus presupuestos».

«El equipo de gobierno actuó por conveniencia más que por urgencia, y no lo digo yo, lo dice una sentencia», afirmó el portavoz de los populares en dicha institución.

Además, Salado pidió al presidente del entre supramunicipal «que trate de evitar en el futuro estos procedimientos y esté a la altura política de lo que exige ser el representante de una institución democrática».