Más de una treintena de colectivos se dieron cita ayer en la constitución de la mesa intersectorial de la prostitución, que zanjó su primer encuentro con el compromiso de estudiar algunas de las propuestas formuladas por sus integrantes. Entre ellas, destaca la regulación de la actividad en espacios alejados de la vida pública y la creación de una bolsa de trabajo para las mujeres que quieran reinsertarse en el mercado laboral.

Esta última iniciativa fue formulada por el Ayuntamiento de Málaga, que pretende persuadir a los empresarios de los polígonos para ofrecer una opción alternativa de vida a las prostitutas, explicó el concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade. La idea es que el proyecto, junto al resto de medidas que se aborden en las sesiones, sirva para alentar el debate a nivel nacional, circunstancia que justifica la invitación cursada a las federaciones andaluza y española de municipios, que finalmente no asistieron a la mesa.

Andrade recordó que no existe una normativa que regule la materia a nivel nacional, lo que, en su opinión, no puede erigirse como excusa para «cruzarse de brazos». En este sentido, aseguró que los asesores estudiarán la posibilidad de arbitrar mediante iniciativas municipales el ejercicio de este tipo de actividades en la vía pública y aludió a la futura ordenanza de convivencia ciudadana, que, en su primer esbozo, dejó fuera los problemas relacionados con la prostitución. «Se han presentado alegaciones y estudiaremos la manera de incluirlas en el texto», señaló.

El concejal se mostró satisfecho por el tono del debate, que, además de las distintas administraciones, congrega a colectivos, colegios profesionales, vecinos y comerciantes. El objetivo es abordar el fenómeno desde una perspectiva multidisciplinar y de conjunto, que sirva tanto para ayudar a las mujeres que aspiran a abandonar el negocio como a la población que padece sus consecuencias. A este respecto también se refirió Pedro Pérez, presidente de la asociación de vecinos Centro Sur, que insiste en la imposibilidad de prohibir el mercadeo sexual y propone su regulación en los espacios urbanos. «No se puede llevar a cabo al lado de colegios, supermercados, centros de trabajo o zonas de residentes», indicó.

En este punto coincide con Andrade. Ambos miran a experiencias como la de Granada, que logró ordenar la actividad a través de iniciativas municipales. «Vamos a estudiar, junto a la Policía Nacional y otras administraciones, el grado de éxito de esta experiencia y de otras desarrolladas en el país».

La mesa intersectorial, apuntó Andrade, carecerá de presidente para favorecer el debate entre los participantes. La próxima sesión se celebrará a mediados de septiembre. El objetivo es llegar al encuentro «con los deberes hechos»; después de que durante la jornada fundacional se pusieran en liza los aspectos a considerar del problema.