El Consorcio de Bomberos gastó en el pasado año 14.200 euros en comidas en restaurantes, otros 14.000 en carteras y corbatas, 36.300 en asesoramiento externo, 2.644 euros en la compra de un cuadro para el despacho del presidente, 8.400 en el alquiler de un vehículo para el gerente, casi 18.000 en el diseño de una web, 8.280 en el pago de aparcamiento al personal, 2.000 en flores para la inauguración del nuevo parque de Coín, «que aún no está en funcionamiento», 400 euros en accesorios para el móvil del gerente o 45.000 «para publicidad y propaganda», de los que 8.000 de ellos fueron a parar a una misma revista de una asociación. Éstos fueron algunos de los hechos denunciados ayer por el portavoz del Partido Popular en la Diputación provincial, Francisco Salado.

El líder del grupo popular en el ente supramunicipal afirmó que la situación se resume en «despilfarro, descontrol e irregularidades en las contrataciones y los pagos». Y es que Salado aseguró también, «con la información parcial obtenida del propio consorcio a pesar de ostentar la vicepresidencia», que además de estos gastos «innecesarios» y más aún en tiempos de crisis, se han detectado pagos «irregulares» como uno relativo a 5.000 euros –sobre asesoramiento de obras de diferentes parques– que a pesar de requerir la firma mancomunada (interventora-secretaria, gerente y presidente) se ha autorizado tan sólo con la rúbrica del presidente, a pesar de contar con el reparo de la interventora.

Contrataciones «irregulares»

Salado explica que también se observan «irregularidades» en las contrataciones, como es el caso del fraccionamiento de pagos para evitar un concurso público. «En vestuario y material de intervención se arroja un total de 300.000 euros y, en lugar de haber convocado el correspondiente concurso libre para todo el año, se ha ido fraccionando, observándose que algunas empresas están más privilegiadas que otras», consideró.

El popular aseguró que además han encontrado una adjudicación de obra por procedimiento negociado por 146.000 euros en el que las tres empresas que deben concurrir –hay que pedir tres ofertas (invitadas)–, dos de ellas son de los mismos dueños y el objeto social de la tercera no se corresponde con la actuación a desarrollar, lo que para Salado es una «adjudicación en fraude de ley».

Para el PP, el gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, José Luis Cámara, que es un «comisario político» del presidente de la Diputación, Salvador Pendón, es el verdadero responsable de esta situación, por lo que ante esta «falta de transparencia y gestión» exigió el «cese inmediato» del gerente, ya que de lo contrario «Pendón es co-partícipe de estos hechos».

El PP solicitará formalmente esta semana esta dimisión, así como la celebración de un consejo de dirección para pedir explicaciones y se plantea renunciar a la vicepresidencia que ostentan ante estas circunstancias.

Salado dijo, además, que esta «mala gestión» se refleja en los 6,7 millones de deuda que arrastra el Consorcio de los ayuntamientos a los que presta servicio y de la propia Diputación.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) negó ayer rotundamente las acusaciones vertidas por Salado, que calificó de «falsedades movidas por la mala fe y que sólo buscan la rentabilidad política». El Consorcio defendió la «transparencia» de la gestión y dijo que, en cuanto a los 14.200 euros de comidas, son partidas globales que no son imputables al gerente ni ningún directivo, sino gastos generales como celebraciones de consejos de dirección, jornadas, seminarios o formación.