La Asociación de Agencias de Fomento del Alquiler aseguró ayer que la Junta de Andalucía adeuda más de 32 millones de euros a las inmobiliarias y propietarios que participan en el programa de ayudas concedidas al arrendamiento de viviendas. Una cantidad a la que, según el colectivo, se une el dinero correspondiente a los 6.870 inquilinos que están pendientes del pago de la subvención y cuya cantidad, dada la variedad de precios, es todavía incalculable.

La organización, que anunció movilizaciones para el próximo mes de febrero en Málaga, Sevilla y Almería, pretende reclamar lo adeudado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda a las inmobiliarias en calidad de agentes encargados de tramitar las ayudas a inquilinos y propietarios, ayudas incluidas en el Plan de Fomento del Alquiler, donde, según las fuentes, «los tres colectivos víctimas del mismo hemos perdido dinero, trabajo y mucho tiempo».

Fuentes del colectivo aseguraron que en el caso de las agencias, la Junta «nos adeuda nueve millones de euros, toda vez que las cuantías a abonar a las inmobiliarias por su prestación de trabajo eran de 600, 660 y 880 euros» . Además, agregaron que están sin tramitar el 60 por ciento de estas cantidades, y sin pagar el 40 por ciento.

En cuanto a los propietarios, se hallan 3.486 solicitudes tramitadas pendientes de resolver, «y por lo tanto de pagar», de 6.000 euros cada una en concepto de subvención, de forma que a los propietarios se les adeuda más de 23 millones de euros. Asimismo, en el caso de los inquilinos, precisaron que hay 6.870 ayudas a inquilinos tramitadas pendientes de resolver «y pendiente de abono trimestral», aunque indicaron que en este caso «es impreciso calcular las cantidades adeudadas ya que son pagaderas trimestralmente, dependiendo del precio pactado de la renta».

Las agencias, que además lamentan la supresión de las ayudas a las promotores, recordaron que existen 205 inmobiliarias homologadas para ser agencias de fomento del alquiler (AFA), «de las cuales 133 han cerrado y cesado en su actividad, por los impagos e incumplimiento de la Consejería», de forma que se han perdido, añadieron, trescientos puestos de trabajo.

La asociación explicó que una vez puesta en marcha la figura de agencias de fomento del alquiler e iniciada su actividad, estas agencias «empezaron a notar la gran aceptación del programa entre los colectivos a los que era destinado, pero en contrapartida, la administración nos daba poca información, formación y atención para los agentes, y no existía el comprometido arbitraje, puntos fundamentales para llevar a cabo este programa». «A día de hoy, nos sentimos engañados, estafados y utilizados vulnerando e incumpliendo gravemente los pactos firmados por la Consejería», apostilló.