El tribunal del jurado que condenó en diciembre de 2006 a Tony Alexander King por el asesinato de la joven mijeña Rocío Wanninkhof recogió en el apartado de hechos probados la siguiente frase: «El acusado no fue el único que participó en los hechos». Y a ella se agarran desde hace años los familiares de Alicia Hornos, madre de la víctima, y su abogado, el incombustible Marcos García Montes, para reabrir el caso contra Dolores Vázquez, condenada en un principio y exonerada después. Pero la Justicia se mantiene firme en su negativa a volver a investigar a la gallega y expareja de Hornos: no hay pruebas nuevas y, por tanto, nada hay que analizar. Alicia sigue intentándolo una vez tras otra.
En esta ocasión, García Montes recurrió un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola en el que la instructora, Rocío Suárez Abad, se negaba a reabrir el caso. El escrito está fechado el 30 de junio de 2009. El segundo auto emitido por el mismo órgano está datado el 26 de julio de 2010 y en él la togada explica que la familia Hornos ha interesado, de nuevo, «la reapertura del presente procedimiento contra Dolores Vázquez Mosquera».
El fiscal ha vuelto a oponerse, y la juez, con visible enfado, remite al letrado al auto que dictó en junio de 2009, ya que no ha presentado en su recurso de reforma «ninguna nueva alegación que debiera ser objeto de pronunciamiento judicial», por lo que desestima el recurso usando los mismos argumentos que entonces, que no reproduce «por economía procesal». En un folio despacha un asunto de envergadura, según consta en este auto, al que tuvo acceso La Opinión de Málaga.
En la primera de las decisiones, la magistrada recuerda que ya existe sentencia firme condenatoria «sobre el enjuiciamiento del fallecimiento de Rocío Wanninkhof, la cual tiene autoridad de cosa juzgada», al tiempo que también se emitió «un auto firme de sobreseimiento respecto de María Dolores Vázquez Mosquera el 11 de agosto de 2004, confirmado en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Málaga el 20 de enero de 2005».
La togada destaca que la Audiencia, por tanto, ya ha resuelto esta cuestión «planteada nuevamente por la parte sin motivo ni justificación alguna, no pudiendo tener dicha consideración la argumentación de que el acusado no fue la única persona que participó en los hechos, pues la motivación es inocua para el enjuiciamiento del hecho delictivo».
Le recordaba además la instructora el 30 de junio de 2009 a García Montes que no había cumplido la exigencia del Tribunal Supremo para reabrir un caso modificando el auto de sobreseimiento provisional firme: «La aportación y acreditación de nuevos elementos de prueba que justifiquen la puesta en marcha del procedimiento, al haberse limitado a exponer argumentaciones ya tenidas en cuenta en el proceso judicial». Éste es el fallo que recurre el letrado madrileño y que contestó la magistrada en julio del pasado año.
El fiscal, en el informe de impugnación de este escrito judicial, al que también tuvo acceso este periódico, le recuerda a Montes que no se puede reabrir la causa en el instante justo de la calificación, como pretendía, porque la sentencia que condenó a Vázquez fue anulada y porque King confesó, en septiembre de 2003, «ser el autor material de la muerte de Rocío Wanninkhof».
«Cosa juzgada»
Finalmente, el instructor ordenó continuar el procedimiento del jurado únicamente contra Tony King, sobreseyendo las actuaciones respecto de Dolores Vázquez y Robert Terence Graham, amigo del condenado. Esta decisión fue firme en enero de 2005. El fiscal resalta que ese archivo provisional «produce efecto de cosa juzgada formal, por lo que la resolución dictada en su día es firme e inamovible salvo que hubieran surgido nuevas pruebas».
El acusador público explica en su escrito que la acusación particular no había aportado nuevos elementos de prueba, tal y como se desprendía del escrito que presentó al juzgado instructor de Fuengirola. Algunos indicios los extrajo de la sentencia de 2001 que condenó a Vázquez y que después anuló el TSJA; otros de la emitida por el tribunal del jurado en diciembre de 2006.
«Es evidente que la finalidad pretendida por la acusación particular no es otra que lograr una revisión de la resolución firme de sobreseimiento sin fundamento fáctico o jurídico alguno, utilizando como único sustento que el jurado, en su veredicto, incluyó que el acusado no fue la única persona que participó en los hechos que nos ocupan», indicó el fiscal.
