Ante las quejas de los vecinos de Guadalmar y San Julián, en Málaga capital, por el traslado de las prostitutas a la zona de Arraijanal, espacio que, no obstante, "parece que cumple" la ordenanza municipal, el alcalde, Francisco de la Torre, ha reconocido la dificultad de contentar a todos: "vamos a ver cómo resolvemos la cuadratura del círculo, que no es fácil".
El regidor, quien ha insistido en que se trata de "un problema complejo", cuya solución no corresponde a los ayuntamientos, ha hecho hincapié en que hay "una especie de tolerancia permitida, de alegalidad", que es lo que crea "problemas" en muchos consistorios. Por ello, ha abogado por la legalización de la prostitución, aunque "luego, al cabo de unos años, a lo mejor se prohíba".
De este modo, tal y como ha indicado a los periodistas, se podría acabar con la prostitución callejera, "intentando, al menos, romper el monopolio de mafias y la situación de explotación y sería una actividad más digna para las personas que la ejercen".
"Desgraciadamente, en este país no ha habido la valentía de legislar por parte de las cámaras legislativas unas normas que establecieran qué ocurre con la prostitución en España", ha manifestado el regidor.
PROTESTAS VECINALES
Precisamente, vecinos de Guadalmar y de San Julián han protestado este viernes ante el Ayuntamiento por el traslado de las prostitutas del polígono Guadalhorce a la zona de Arraijanal, unas quejas que De la Torre ha entendido.
Sin embargo, ha pedido "comprensión" a todos y, en concreto, a la ONG que está mediando en este conflicto le ha solicitado que transmita la conveniencia de buscar "un espacio que pueda no ser conflictivo y que cumpla la ordenanza".
La Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano de Málaga prohíbe, entre otros aspectos, las prácticas sexuales en espacios públicos, así como el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales y empresariales.
De esta manera, el Ayuntamiento de Málaga asumía la reivindicación de los colectivos de vecinos y de empresarios más afectados por la práctica de la prostitución, como son los residentes del entorno de la Alameda de Colón, en el centro de la capital, y los responsables de los negocios del polígono industrial Guadalhorce.
