El problema de la prostitución callejera se encuentra en plena ebullición. Ayer tuvo lugar una reunión de la mesa intersectorial en la que están representados todos los colectivos implicados y afectados y ninguna de las partes se muestra satisfecha. Las chicas, que se están organizando y cuyas portavoces acudieron al encuentro, hablan alto y claro: no abandonarán el polígono Guadalhorce hasta que exista un nuevo emplazamiento, ya que necesitan trabajar para mantener sus casas y en muchos casos a sus hijos.
Los empresarios del polígono Guadalhorce y los vecinos de la Alameda de Colón, hastiados por una situación que llevan padeciendo años, exigen una solución inmediata, mientras que la ONG Médicos del Mundo denuncia que se está multando de forma mayoritaria a las prostitutas frente a escasas sanciones a los clientes y reclaman que se suspenda la aplicación de la ordenanza municipal hasta que se halle una ubicación definitiva.
El Ayuntamiento de Málaga, que se enfrenta a esta patata caliente y con la voluntad de contentar a todos, ha promovido la creación de una comisión técnica para consensuar un emplazamiento que no genere conflicto a vecinos, ni empresarios, que cumpla la ordenanza y que contenga unas mínimas condiciones para que las prostitutas puedan ejercer sin ser multadas. En este punto, todos estarían de acuerdo. Este grupo de trabajo se reunirá el próximo martes día 15.
La ordenanza
La ordenanza prohíbe las prácticas sexuales en espacios públicos, así como el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública siempre que afecten a la convivencia, es decir, que se produzcan a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales y empresariales. La sanción mínima podría ascender a los 750 euros para las faltas leves e ir subiendo a los 1.500 para las graves.
La ordenanza, tras una primera fase de información y apercibimiento de algo más de un mes, comenzó a sancionar a finales de enero. En apenas tres semanas se han impuesto 85 sanciones, 80 de ellas a prostitutas y cinco a clientes.
A este respecto, el portavoz de Médicos del Mundo, Elías Ruiz, organización que trabaja con el colectivo, denuncia el hecho de que de forma mayoritaria se esté sancionando a las chicas y califica la situación de acorralamiento, por lo que exige al Consistorio que suspenda la aplicación de la norma hasta que se halle un sitio definitivo, ya que necesitan trabajar.
El concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade, que destaca la complejidad del problema, comenta que pese a la voluntad de encontrar una solución con la máxima celeridad posible, la norma hay que respetarla por lo que se seguirá sancionando a las personas que no la cumplan, no barajando ningún tipo de moratoria.
Andrade critica que otras administraciones como la Junta o el Gobierno central invitadas a la reunión no se hayan preocupado por el asunto y ni siquiera se hayan excusado, frente al resto de agentes sociales, colectivos y administraciones «que dan la cara». «La prostitución no es un problema del Ayuntamiento de Málaga, es generalizado», sentencia.
Tatiana García, una de las portavoces de las prostitutas, indica por su parte que están de acuerdo con que se consensúe un emplazamiento que reúna unas mínimas condiciones. «No nos negamos, pero de momento vamos a estar aquí, en el polígono, porque no tenemos otro lugar», afirma. Uno de los posibles emplazamientos podría ser en una parcela al lado de la depuradora del Guadalhorce, tras la propuesta fallida de la zona de Arraijanal, que desató la protesta de los vecinos de la zona.
Empresarios del Guadalhorce
Antonio Flores, representante de los empresarios del Guadalhorce, donde hay instaladas cerca de 1.200 empresas, comenta que la actividad ha descendido «algo» por las mañanas, pero por las noches «todo sigue igual» y exige una solución, al igual que Pedro Pérez, que representa a los vecinos de la Alameda de Colón. Los colectivos implicados aclaran que no están en contra de la actividad, pero piden que no afecte a sus negocios y a su normal convivencia.
