La muerte el pasado martes de Susana María Galeote, de 37 años, presuntamente a manos de su expareja ha evidenciado la falta de recursos destinados a la lucha contra la violencia de género. Una serie de hechos encadenados han derivado en que se ponga en cuestión el sistema y si la víctima contaba con una adecuada protección.
Las administraciones coinciden en que algo ha fallado. Y hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado que está analizando qué ha ocurrido, ya que «algo ha fallado». Se da la circunstancia de que de las once mujeres muertas en 2011 tan sólo Susana, la primera víctima mortal de la provincia de Málaga, había denunciado y sobre su supuesto agresor pesaba una orden de alejamiento.
El caso es que, como se han esforzado en recordar todas las instituciones, a pesar de que el único y absoluto responsable de esta muerte es su agresor, es hora de analizar qué se ha hecho mal, ya que en este caso se ha dado la circunstancia de que la víctima solicitó el servicio de teleasistencia móvil, pero éste nunca llegó. La polémica está servida.
Servicio de teleasistencia
La fallecida solicitó el servicio de teleasistencia móvil pero nunca lo recibió y el cruce de acusaciones ha sido intenso y continuo. La directora del Área de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral, mostró, documentación en mano, que esta solicitud le fue denegada a la víctima, tal y como refleja el escrito aportado por la responsable municipal.
«A pesar de cumplir con los requisitos de acceso al programa... la solicitud de Susana María G. A. ha sido denegada por la Comisión de Seguimiento del Ministerio de Igualdad-FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). Si la comisión deniega la solicitud, no está obligada a motivarla», informaba Eulen –empresa que gestiona el servicio tras ganar un concurso público– el 4 de agosto de 2010.
Del Corral aportó además a la prensa una circular en la que el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, informaba con fecha del 25 de junio de la introducción de modificaciones para «garantizar que el servicio se dirige a aquellas mujeres que más lo necesitan y velar por la sostenibilidad futura del servicio».
Respecto a las altas, se informa de que «para garantizar una atención de calidad con los recursos de que disponemos, no es posible incrementar el número de usuarias, por lo que las altas no serán efectivas automáticamente. Tampoco se efectuarán altas excepcionales». La solicitud de Susana se tramitó en tiempo y forma y fue denegada, insiste Del Corral.
Esta versión es desmentida por el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, que asegura que la solicitud no se denegó sino que no se tramitó por defectos de forma, ya que faltaba información. Lorente acusó al Ayuntamiento de «manipular» la información y negó que se hayan restringido las altas del servicio de teleasistencia. Lorente reconoció, sin embargo, que ha habido fallos en la coordinación, en la información de la comunicación de la situación de riesgo y en el seguimiento de la situación de riesgo. El representante del Gobierno, que no pudo ayer atender a este periódico pese a la importancia de la cuestión, dijo que se valorará lo ocurrido.
La tercera parte del conflicto, la empresa que gestiona el servicio, Eulen, y que traslada la denegación, indicó a este rotativo que no tiene nada que decir al respecto.
El caso es que los recortes llevados a cabo en la prestación de este servicio por parte del Gobierno central –tal y como recoge la circular informativa enviada a tal efecto–, el propio papel de la policía que denuncia la falta de efectivos para realizar un adecuado y exhaustivo control y seguimiento de las víctimas –como dicen que pasó en este caso–, han situado el problema en primera línea.
La portavoz parlamentaria del grupo popular en materia de Igualdad, Sandra Moneo, ha denunciado que faltan en España «equipos multidisciplinares que permitan tener una evaluación realista y eficaz del riesgo», como preveía la Ley Integral. Moneo señala la «falta de coordinación y de eficacia» del Gobierno para prevenir homicidios de violencia de género como el registrado en Málaga. «Este caso es de extrema gravedad», asegura porque, en su opinión, «evidencia una profunda descoordinación y traslada un mensaje nefasto para las mujeres», ya que esta víctima «había acudido a la administración y ésta ha fallado». «La ministra tendrá que explicar por qué una comisión de su departamento evaluó como riesgo bajo una situación que se ha demostrado que era de alto riesgo», dice.
En este mismo sentido se manifestó la diputada del Partido Popular, la malagueña, Celia Villalobos, que pedirá las comparecencias de los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y, de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín. Para Villalobos «el problema reside en los recortes ». «No entiendo cómo es posible que se hayan producido esos errores, que han llevado a que ahora tengamos que lamentar esta muerte», concluye.
