Un informe del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional concluye que el 80% de los expedientes relativos a pacientes del Hospital Civil se perdieron debido a las fuertes inundaciones que sufrió Málaga en 1989, con lo que la localización de bebés nacidos entre 1950 y 1990 en ese centro supuestamente sustraídos a sus madres para darlos posteriormente en adopción es una labor casi imposible, que de hecho ya ha frustrado las esperanzas de una mujer de encontrar a su hijo.
El informe está contenido en el sumario de uno de los casos investigado por un juez de instrucción, y en el mismo la inspectora jefe del Grupo de Homicidios explica las pesquisas realizadas para localizar a la hija de una mujer que dio a luz en agosto de 1970 a una niña que falleció, según le dijeron, como consecuencia de un desprendimiento de placenta.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Málaga no sólo se paría en el Civil; desde 1957, Carlos Haya llevaba su propio registro, que en 1981 pasó al Materno Infantil. Éste también disponía de su propio archivo. A todos ellos hay que sumar los que se produjeron en los dos hospitales privados de la capital. En cualquier caso, buena parte de los nacimientos investigados tuvieron lugar en el Civil, por lo que habrá problemas para culminar otras pesquisas.
Lo cierto es que la mujer denunció ante la Fiscalía que «no consta su enterramiento ni aparece registrada su muerte en organismo oficial alguno», indica la policía.
Los funcionarios trataron de verificar la documentación aportada por la denunciante, en concreto su expediente médico. La mujer explicó a los agentes, en relación a falta de documentación acreditativa sobre el feto de nueve meses, «que efectuó gestiones en el Hospital Civil» y le manifestaron que los expedientes se perdieron durante unas inundaciones. «Por gestiones efectuadas se supo que las lluvias a las que alude fueron las que se produjeron a finales de 1989, donde se vieron seriamente afectadas las instalaciones del Hospital Civil, sufriendo múltiples desperfectos y pérdida de documentos», apunta el Grupo de Homicidios.
Traslado de archivos
Una vez que la Diputación traspasó, a finales de los 80, las competencias sobre el Civil a la Junta de Andalucía, las carpetillas de los pacientes se llevaron al archivo general del Centro Cívico, como también ocurrió con la información sobre los funcionarios que se jubilaron. Los expedientes relativos a funcionarios en activo acabaron en el Hospital Clínico.
Las pesquisas policiales, relata la inspectora, fueron concienzudas: la denunciante aportó el registro de entradas a nombre de la matrona que la asistió en el parto en 1970, hoy fallecida. Los investigadores hablaron entonces con un médico jubilado, quien explicó que en los setenta era la matrona de guardia la que se encargaba de los partos; si había complicaciones, o incluso era necesario operar, entraba en liza un ginecólogo de guardia. La enfermera que atendió a la mujer fue la misma que identificó la policía. La parturienta ingresó de urgencias por habérsele roto una cesárea anterior. Su bebé falleció.
«En estas ocasiones, lo normal era la intervención del médico de guardia, no constando en los archivos del centro cívico documento alguno certificado por el doctor interviniente; no obstante, hay que tener en cuenta que el 80% de la documentación se perdió a consecuencia de las inundaciones de finales de los 80», apunta la policía.
En el Centro Cívico
Los libros que hay en el Centro Cívico, indican los agentes, son ajenos a la historia que cada médico conserva de su paciente; no constan tampoco carpetillas relativas a la denunciante en el archivo del médico interrogado.
Cuando un bebé fallecía en el parto, la matrona era la encargada de dar fe del óbito al firmar un certificado. Posteriormente, el mismo era ratificado por el director facultativo, «siendo entregado el niño al celador», iniciándose los trámites funerarios, todos de carácter administrativo y sin registro documental hospitalario.
Por todo ello, los agentes concluyen, en su informe del 28 de septiembre de 2010, que no se ha podido localizar el destino del feto.
Ahora, las pesquisas se centran en pedir información al Archivo Histórico Provincial sobre registros documentales relativos a «personas abortivas». Se investigan supuestos delitos de secuestro.
