Tres días ha tardado la concejala de Sostenibilidad y Servicios, Teresa Porras, en responder a las informaciones periodísticas que la vinculan con la adjudicación durante los últimos años de decenas de contratos a través de procedimientos irregulares. Porras compareció sin apenas papeles, acompañada únicamente del director de su área, con tono comedido y aceptando preguntas de los periodistas.

La concejala rechazó ayer que haya habido ilegalidad en la contratación entre 2003 y 2008 de obras menores y procedimientos negociados por parte de las áreas que dirige, como ha informado durante estos días La Opinión de Málaga. Para apuntalar esta tesis no dudó en informar de manera parcial sobre la Ley de Contratos.

Porras aludió al artículo 129 para justificar la legalidad de que se invite a un concurso a tres empresas vinculadas entre sí, pero no leyó ni facilitó el párrafo 3 de dicho artículo, que establece que «cada licitador no podrá presentar más de una proposición». Tampoco informó de que ese mismo artículo en su párrafo 4 indica que «en los contratos de concesión de obra pública, la presentación de proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la exclusión del procedimiento de adjudicación».

A pesar de ello, Porras defendió que todos los contratos adjudicados y firmados por ella «están reglados legalmente y cumplen con la ley» y se refugió en una interpretación de un párrafo de otro artículo, el 129, en el que se dice que «no excluye las ofertas presentadas por empresas vinculadas, sólo si se aprecian valores anormales o desproporcionados» (bajas temerarias).

La concejala presentó igualmente un informe de la junta consultiva de Contratación Administrativa (un órgano del Ministerio de Hacienda) que señala que la presentación de ofertas de varias empresas pertenecientes a un «mismo grupo», no da lugar a su calificación como «ofertas simultáneas». Este informe carece hoy día de validez ya que fue formulado en enero de 2008, con antelación a la modificación de la Ley de Contratos.

Empresas vinculadas

El argumento de Teresa Porras de que «es legal» llamar a tres empresas vinculadas entre sí en los procedimientos negociados es contrario a la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Málaga en mayo de 2009, fecha en la que anuló dos contratos adjudicados por el área de Turismo y posteriormente otro de Cultura. La decisión se tomo después de conocer que la adjudicación «era ilegal», ya que en los tres casos se pidieron ofertas a empresas del mismo propietario.

La concejala no tuvo inconveniente en reconocer que las empresas a las que ella ha llamado para varios contratos negociados están vinculadas entre sí, pero insistió en que este hecho «no vulnera la Ley de Contratos» ya que, a su juicio, «se pueden presentar ofertas de empresas de un mismo grupo».

La información de La Opinión de Málaga no habla de empresas de un mismo grupo, sino de sociedades que tienen como propietarios a las mismas personas, que operan indistintamente pero que de manera interesada se presentan juntas a la concesión de un contrato.

Respecto a que determinadas ofertas de empresas aparentemente distintas se presentaban con papeles con el mismo formato, la misma letra y otras características similares, Porras explicó que «en el año 2000 el área de Economía envió una circular diciendo que se hiciera un mismo modelo de pliego de condiciones para que todos los distritos y áreas tuvieran el mismo, hasta con el mismo número de páginas». La Opinión de Málaga no se refería a los pliegos de condiciones sino a los documento que mandaban las empresas con sus membretes para presentar sus ofertas, que en muchos casos se fechaban el mismo día o se enviaban desde el mismo fax pese a ser supuestamente empresas sin ninguna relación

Los documentos que enviaron tres empresas para presentar sus ofertas a un contrato un mes antes de que se anunciara «no existen», según Porras que aseguró que esos papeles no están en el expediente. La Opinión informó de la existencia de esos papeles, dio testimonio de ellos y de que consta su envío al número del fax del área de Parques y Jardines.

Porras señaló respecto al resto de contratos menores que «la ley sólo exige adjudicarlos directamente a un contratista» y dijo que si se pone en marcha un proceso negociado para llamar a tres empresas «es para dar mayor transparencia». En este punto, la concejala dijo que «yo firmo los papeles, pero no soy la persona que pide la oferta, hay un equipo administrativo».

Rechazó también que esté beneficiando a un grupo de empresas y dijo que de 2003 a 2008 las áreas que dirige trabajaron con un total de 2.239 empresas. Y sobre empresas concretas indicó que con Hexa sus áreas han adjudicado contratos menores por 1.127.765 euros entre 2003 y 2008, lo que representa un 0,62%; mientras que con Excavaciones El Copo, se contrató 1.449.903 euros de obras menores y 652.412 euros en procedimientos negociados, es decir un 1,16%.

28 contratos a una militante del PP: «No pedimos el carné»

Porras consideró igualmente correcto «y normal» el haber adjudicado 28 contratos en dos años a dos empresas de una militante de PP de Campanillas para la ejecución de parques infantiles. Afirmó al respecto que «el Ayuntamiento valora el servicio, la calidad, el precio y la profesionalidad a la hora de contratar el servicio o la obra más adecuado». «Contratamos a la empresa más profesional», dijo. Respecto a si las empresas pertenecen a una militante del PP, señaló que «cuando se contrata dentro del Ayuntamiento no pedimos el carné político de nadie porque son temas personales de cada uno, que no entran dentro de la profesionalidad y la calidad del trabajo. Para mí es irrelevante que sea del Partido Popular o de otro partido». La concejala adjudicó durante los años 2008 y 2009 un total de 28 contratos a las empresas Roro Park y Jopeva, vinculadas a la militante del PP Virginia Vallejo, para la realización de parques infantiles. Porras añadió que se le siguen adjudicando contratos a estas dos empresas.

«El PSOE sólo quiere enredar y echar bulos contra el PP»

Teresa Porras criticó ayer al PSOE, cuya campaña «va a ir en la línea de enredar y de echar bulos contra el equipo de gobierno y contra mi persona y manchar el buen hacer de este Ayuntamiento». «Lo que no son capaces de ganar en las urnas lo hacen así, faltando a la verdad», denunció. Sobre si se plantea alguna acción judicial tras las acusaciones realizadas contra su gestión, la edil de Sostenibilidad y Servicios señaló que «toda la documentación está en manos de un equipo de abogados y si cabe tema legal, iremos a él».

Preguntada por su disposición para ir en la lista electoral del PP, dijo «no he dicho ni que me retiro ni nada», pero «no es una decisión que tengo que tomar yo».

«Quien me lo tiene que preguntar –en referencia a Francisco de la Torre y a la dirección provincial del PP– aún no me lo ha preguntado; cuando me lo pregunten, contestaré», dijo.