El traspaso de las competencias que giran en torno a los chiringuitos ya es real. La concesión se hizo efectiva ayer dentro del paquete aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con un decreto que asigna a las consejerías de Obras Públicas; Agricultura y Pesca; Turismo, Comercio y Deporte, y Medio Ambiente las funciones, medios, servicios y personal transferidos por el Estado para gestión y ordenación del litoral andaluz. Desde ahora, las concesiones y las autorizaciones de los chiringuitos sólo serán tramitadas por Medio Ambiente y Turismo, aunque, con la temporada ya iniciada, habrá una moratoria hasta el 2012.
La primera gran batalla de este sector ha tenido un final satisfactorio después de casi dos años de polémicas. Concretamente, la decisión responde a los contenidos del Estatuto de Autonomía y a la petición formulada por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en junio de 2009, fecha en la que se alcanzó el mayor nivel de controversia. Se acabó la «incertidumbre» y comienza el «diálogo» con una administración que será mucho más «sensible» con el sector de los chiringuitos.
Con estos términos celebró ayer el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, que ya conocía los detalles del decreto tras una reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Málaga entre todas las partes indicadas. Tal y como explicó, allí se habló de crear cuanto antes una «mesa de planificación» para definir las líneas a seguir en esta nueva etapa. «La predisposición es muy buena. El diálogo está garantizado e incluso nos han pedido ayuda durante estos primeros pasos. Es el momento de retomar la ilusión, de recuperar el tiempo perdido para todas esas playas y empresarios que están pendientes de decisiones», abundó Del Castillo, quien insistió en que en la federación comparte los criterios de «no abusar ni masificar las playas» y de crear instalaciones «lógicas, operativas y razonables».
El primer paso será ordenar toda la documentación de la que se hará cargo la administración andaluza y trabajar sobre ella con vistas ya al año que viene. Según Norberto del Castillo, pocas son las modificaciones que se pueden hacer para una temporada que ya está en marcha.
Según anunció la Junta de Andalucía, el traspaso se hará efectivo el próximo viernes con un coste anual efectivo de 2,11 millones de euros, haciéndose cargo de 62 puestos de trabajo y 21 vehículos. Asimismo, recibe un inmueble de 2.348 metros cuadrados ubicado en el número 12 del Paseo de la Farola. Según las fuentes, el uso de estas instalaciones será compartido por las administraciones central y autonómica hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esta misma vía, donde se ubicarán los servicios estatales.
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, señaló tras el Consejo de Gobierno que el traspaso permitirá reforzar la «excelencia natural y turística» del litoral andaluz y consolidar su papel como un «espacio de oportunidades» que recibe al año seis millones de turistas y acoge tres millones de residentes al año.
El decreto recoge como una de sus principales novedades, según Díaz Trillo, la creación de una comisión de seguimiento y evaluación, adscrita a la Consejería de la Presidencia, como instrumento de participación de los agentes económicos y sociales en la ordenación y gestión del litoral. De igual modo, en las seis provincias con dominio público marítimo-terrestre, la administración andaluza creará comisiones interdepartamentales sobre la materia.
Competencias
El traspaso, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, fue formalizado el pasado 12 de enero, y las funciones transferidas incluyen las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre relativas a playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios.
Entre otros permisos figuran los relativos a la realización de vertidos, las explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las actividades que requieren instalaciones desmontables durante más de un año, la ejecución de obras fijas en el mar y las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.
La Administración andaluza también pasa a regular los usos de temporada en las playas (zonas de baño y ocio) y en el mar territorial (áreas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros). El decreto establece la participación de la comunidad autónoma en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre para construcción, ampliación o modificación de puertos y vías de transporte de titularidad autonómica. Díaz Trillo subrayó, entre otras ventajas, la simplificación de trámites relacionados con el litoral a través de una ventanilla única en las distintas provincias o la elaboración de planes de playa, en colaboración con los ayuntamientos.
Una nueva etapa para un pilar del turismo
La aprobación de este decreto supone un paso agigantado para los chiringuitos, uno de los santo y seña de la Costa del Sol y de buena parte del litoral andaluz. Atrás quedan años de, sobre todo, «incertidumbre». Así lo explicó ayer el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas, Norberto del Castillo, quien recordó estos últimos años como «de mucha calma pero sin seguridad», quien aseguró que las funciones, medios, servicios y personal transferidos por el Estado para gestión y ordenación del litoral andaluz deben ser un punto y aparte para buena parte de la marca turística.
«Es el momento de avanzar innovando y no copiando modelos. Con las nuevas competencias debemos crear zonas de esparcimiento de refuercen un destino líder coma la Costa del Sol», aseguró.
