01 de abril de 2011
01.04.2011
La crisis en el ladrillo

500 constructoras, en riesgo de quiebra por las deudas de la Junta

Los impagos alcanzan los 160 millones de euros y el sector presagia 5.000 nuevos parados

01.04.2011 | 07:00
El presidente de la ACP, José Prado, conversa con la secretaria general, Violeta Aragón.

Los constructores malagueños denunciaron ayer que la Junta de Andalucía adeuda 160 millones de euros a cientos de empresas de este sector –se calcula que unas 500 pueden estar afectadas, y en claro riesgo de tener que acogerse a la Ley Concursal– por obras públicas adjudicadas y cuyo importe aún no ha sido satisfecho. La cuantía de la deuda se incrementa entre 150.000 y 200.000 euros diarios, ya que cada día se acumulan nuevas certificaciones de obras no satisfechas, según explicaron ayer el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, y la secretaria general del colectivo, Violeta Aragón.

«El sector está perplejo ante la irresponsable gestión de los fondos públicos por parte de la Junta, que es capaz de licitar obras e incapaz de hacer frente al pago de las mismas una vez ejecutadas. ¿Dónde está el dinero presupuestado? ¿en qué se lo han gastado?», se preguntó Prado, que advirtió de que, en caso de persistir la situación, las obras en curso se paralizarán a corto plazo.

Construcción y mantenimiento de carreteras, edificación o reformas de colegios y obras de estaciones depuradoras son algunas de las más de 150 obras públicas donde la ACP denuncia retrasos en los pagos. Aunque los constructores no quisieron detallar el listado de las actuaciones afectadas, sí comentaron que la carretera Coín-Casapalma y algunos apartados de las actuales obras del AVE en Antequera estarían entre las mismas. Se da la circunstancia de que algunas obras sí han sido totalmente completadas ya por las empresas –caso de los colegios–, y lo único que se sigue demorando es el pago por parte del Gobierno andaluz.

«Las obras más emblemáticas sí se pagan, pero estamos hablando de un gran conjunto de actuaciones más pequeñas, con licitaciones de entre 400.000 y 600.000 euros y que son las que realizan las pequeña y medianas empresas de Málaga, muchas de corte familiar, que forman la realidad del tejido productivo», comentaron Prado y Aragón. Las dinámica de impagos se inició en 2008 y se generalizó el pasado año 2010, asegura la ACP
Los empresarios auguran que tanto la deuda como el «drástico» descenso de inversión en obra pública por parte de la Junta en Málaga, que se barrunta para este año provocarán por sí solas que haya 5.000 nuevos desempleados en la provincia durante este ejercicio: 3.500 de ellos serán empleos directos del sector destruidos y otros 1.500 serán indirectos.

La vía jurídica, inviable

Una posible salida a su situación sería recurrir a los tribunales e iniciar procesos contencioso-administrativos contra la Junta, aunque la opción se descarta por la lentitud de la Justicia. «Obligar a las empresas a ir a un contencioso significaría el suicidio colectivo», reconoció Prado, que apuntó que las empresas necesitan ahora mismo «liquidez inmediata» y no embarcarse en un proceso que puede demorarse años.

Según Prado, la Junta contabilizado de modo distinto la deuda, ya que hay certificaciones de las empresas que administrativamente aún no han sido aceptadas.

«Se encuentran metidas en algún armario o cajón y, por lo tanto, no las contabilizan como deuda. Se trata de la política del avestruz, si escondo la cabeza no veo el problema y éste desaparece, y si no firmo las certificaciones de obras realizadas por las constructoras, no aumento el déficit anual», denunció.

El PP lo ve «un escándalo»

La vicesecretaria de Economía y Empleo del PP de Málaga, Carolina España, tachó de «auténtico escándalo» la deuda de la Junta. «Si hay algo que una administración debe cumplir a rajatabla es el pago a los proveedores y a las empresas contratadas; de otra forma lo que se hace es destruir empleo y propiciar la desaparición de empresas», señaló España, que dijo que el Ayuntamiento de Málaga paga a sus proveedores en menos de tres meses de media.

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