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Reacciones a la sentencia

Defensas de Ballena Blanca achacan las 14 absoluciones a la instrucción «nefasta»

Dos letrados afirman que el caso ha sido «una descomunal lapidación de recursos públicos» y reclaman que se pida disculpas a los absueltos

Defensas de Ballena Blanca achacan las 14 absoluciones a la instrucción «nefasta»Arciniega

La sentencia del «caso Ballena Blanca», que acabó con catorce absoluciones y cinco condenas mínimas cuando se presentó en marzo de 2005 como la mayor causa de blanqueo en Europa, sigue levantando ampollas. Los letrados Gonzalo Boye Tuset (representante del matrimonio Levin, ambos absueltos) y Ricardo Álvarez-Ossorio (el narcotraficante Souphiane Hambli, condenado), han remitido un extenso escrito a este periódico en el que aseguran que el resultado final del proceso se debe «a la nefasta, poco rigurosa, tendenciosa, prospectiva y contraria a Derecho» instrucción del juez Miguel Ángel Torres, a quien acusan de seguir únicamente los dictados de la Policía Nacional.

«La investigación jamás se ajustó a unos mínimos legales y estuvo conducida estrictamente por la policía en lugar de por la autoridad judicial. Todo ello ante la pasividad del fiscal», afirman.

«Ballena Blanca no ha sido sino una descomunal dilapidación de recursos públicos sólo justificable desde la perspectiva radical de unos funcionarios públicos a quienes se les debería pedir explicaciones por los atropellos cometidos en pos de un fin de difícil justificación», aclaran.

Las absoluciones son «una respuesta madura, jurídicamente seria y acertada al auténtico problema que se planteaba en este caso: los límites de las actuaciones de un instructor, un grupo concreto de policías y un fiscal Anticorrupción».

Duras críticas a la instrucción

Reconocen la perplejidad y el malestar existente en la sociedad por las absoluciones, pero lo que debe preocupar, de verdad, según sus reflexiones, a los ciudadanos es «todo lo que se hizo mal, para haber sometido a proceso a tantas personas y haberlas sentado en el banquillo, enlodando su reputación, arruinando sus vidas y lapidando sus patrimonios».

Recuerdan los letrados que se detuvo a cincuenta personas, pero sólo 19 fueron acusadas. «Más de 30 durmieron sin justificación alguna en calabozos, hacinadas e insultadas; con hijos, padres y cónyuges en un estado de lamentable sufrimiento, para luego no ser acusados. Nadie les ha pedido una disculpa y muchas están en tratamiento psiquiátrico», dicen.

El fallo de la sentencia no se debe, según indican, a la anulación de las escuchas, porque el tribunal salvó el resto de pruebas, sino «a una serie de irregularidades cometidas en fase de instrucción tanto por la policía como por el juez instructor». «No se ha absuelto a una serie de delincuentes por tecnicismos jurídicos, sino que se ha restaurado en su dignidad y en la presunción de inocencia a un grupo amplio de personas que jamás debieron ser sometidas a proceso».

El juez Torres, afirman, vulneró las normas de reparto por acceder a dirigir el caso, como reconoce la Audiencia en su fallo, e indican que «el manejo de los documentos no se ajustó a lo que la ley establece al respecto». Atacan con especial dureza al fiscal, que debió haber puesto coto, precisan, a la policía, y afirman que Torres no fue «un juez imparcial». «Ballena Blanca es un ejemplo de lo que no se debe hacer», apuntan.

«Tener empresas en Delaware no es delito»

Los letrados se quejan de que el juez se limitó a seguir la «inteligencia policial», es decir, las reflexiones que los investigadores vierten en sus informes. Pero los letrados se quejan, además, de que se ha intentado criminalizar «desde la más absoluta y agresiva ignorancia, la tenencia y existencia de empresas con domicilio social en el estado norteamericano de Delaware».

El tribunal, apunta, ha concluido que «es un hecho que ni USA ni Delaware tienen la consideración de paraísos fiscales ni han sido oficialmente considerados no cooperantes».

Fernando del Valle, principal encausado (seis años de cárcel), radicaba las sociedades en ese estado porque favorecía el anonimato de sus clientes, pero no es ilegal.

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