Llaman a la puerta. La medianoche hace rato que quedó atrás. Al abrir, Francisco ve a un joven que parece extranjero. Sin mediar palabra, y con sorprendente violencia, el visitante empieza a pegarle con una barra de hierro. Este episodio, acaecido en Comares el 1 de octubre de 2009, acabó con una condena de siete años para un joven irlandés y con la víctima, de 70 años, en estado vegetal. Su familia jamás ha recibido los 410.000 de indemnización que debía abonar el acusado porque se declaró insolvente. Éste es un caso habitual ya que, según estimaciones de la Fiscalía de Málaga, aproximadamente la mitad de los delincuentes no paga la responsabilidad civil determinada por los jueces en sentencia.

«Este chico lleva dos años en la cárcel, en un par de años más se irá a Irlanda a cumplir lo que le quede. Yo me he quedado con mi padre en estado vegetal y nadie se hace cargo del dinero, que a lo mejor nos serviría para atenderlo adecuadamente», explica la hija del agredido.

La realidad de estos impagos es aceptada por todos los responsables judiciales consultados, aunque unos las matizan más que otros. El fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, afirma que «la mayoría de los delincuentes son insolventes y no pagan las indemnizaciones».

Depende de en qué tipo de delitos: por ejemplo, en seguridad vial y violencia sobre la mujer sí se suelen abonar las responsabilidades civiles, especialmente en el primero de los casos al haber seguros de por medio. En los juicios de faltas o de delitos menores es habitual que se llegue a acuerdos y se abone la indemnización, pero en ilícitos de enorme gravedad como homicidios o asesinatos y en los llamados delitos de cuello blanco el asunto es más difícil.

«Los delincuentes habituales que cometen robos con violencia o en casas, abren coches y trapichean con droga no tienen para pagar ninguna indemnización; distinto es cuando se estafa a un banco a través de medios informáticos: el consumidor sí está muy protegido», indica.

Morales es partidario de endurecer la Ley de Enjuiciamiento Criminal en este aspecto: «Hay que endurecer la ley en favor de las víctimas, las más perjudicadas por el delito». De hecho, la Fiscalía de Málaga no llega a ningún acuerdo con el delincuente hasta que este no satisfaga la responsabilidad civil de que se trate.

El fiscal de Protección a las Víctimas de Málaga, Francisco Luque, recuerda que la ley homónima permite reclamar, previo informe del fiscal, indemnizaciones si se sufre una lesión incapacitante superior a los seis meses como consecuencia de un delito, una agresión sexual o se es familiar de una víctima de homicidio o asesinato o de otro ilícito igualmente grave. Es un organismo del Ministerio de Hacienda quien decide sobre este aspecto, previo auto de insolvencia: finalmente, si se considera oportuno, el Estado resarce económicamente a la víctima según un módulo ya predeterminado. «La victimología está más desarrollada en otros países europeos como Suecia, pero, por ejemplo, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género también prevé indemnizaciones», afirma Luque, quien asesora a los perjudicados desde su área.

El juez decano, José María Páez, no se atreve a establecer una proporción sobre quién cobra y quién no: «En los delitos más graves o en los económicos es más difícil cobrar, depende del perfil del delincuente. Por ejemplo, hay estafadores a los que no se les puede pillar nada porque han quitado todo su patrimonio de enmedio, pero las faltas y lesiones menores sí se acaban pagando».

Además, Páez recuerda que en los puntos neutros judiciales hay funcionarios especialistas en rastrear bienes muebles e inmuebles y cargas hipotecarias o fiscales con las que subsanar el mal padecido por la víctima. «La policía también investiga», recalca.

Algunos abogados se quejan de la alegría con la que los jueces conceden los autos de insolvencia a los delincuentes, pero es difícil regular este aspecto. «El Estado debería responder de muchas de las indemnizaciones, aunque es un debate profundo y complejo», explica el letrado José Manuel Vázquez. «Es curioso que en los delitos fiscales el Estado casi siempre cobra», ironiza.

Otro abogado que prefiere opinar sin dar el nombre aboga por endurecer la ley: «Si no se paga se deberían imponer más años de prisión, y estar siempre vigilantes por si el delincuente adquiere bienes en el futuro».

Las víctimas siguen siendo, hoy en día, las grandes olvidadas en el proceso penal.