La Ley de Dependencia parte de una premisa básica: la calidad y la mejor asistencia para el usuario. El concepto de prestación pasa además de ser ayuda a un derecho. El incremento de las plazas residenciales públicas para mayores –en su mayoría concertadas en el sector privado– ha sido del 47% (46,68%) en menos de cuatro años (la ley comenzó a aplicarse a mediados de 2007). De las 1.992 plazas de 2007 se ha pasado en 2010 a 2.922, un millar más (930), según los datos oficiales facilitados por la Delegación para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Ya poco antes del arranque efectivo de la Ley la propia Junta admitía la necesidad de duplicar las plazas públicas residenciales para mayores. Entonces existían en la provincia 1.227 puestos frente a las 2.560 demandantes anuales. El objetivo marcado se ha logrado solventar con éxito y el esfuerzo económico ha sido palpable.
Para alcanzar tal fin ha sido vital el sector privado, ya que la mayoría de las plazas públicas son concertadas. Las residencias privadas han tenido que someterse a profundos cambios a raíz de la norma que les exigía un aumento de los parámetros de calidad si éstas querían optar a la concertación de plazas y, con ello, a una cantidad importante de ingresos y a un negocio de futuro.
En noviembre finaliza el plazo concedido por el Gobierno andaluz para esta adaptación y el 90% de las 120 residencias de la provincia de Málaga ha logrado acreditarse y cumplir con estas duras exigencias de calidad de la ley, explican los empresarios del sector.
Aumento de los metros cuadrados por usuario, de la ratio de personal y un largo etcétera que les ha obligado a realizar un importante desembolso en estos tiempos de crisis. Claro que a cambio han recibido un número más que notable de usuarios de plazas públicas concertadas. La otra cara de la moneda es ese 10% que no ha logrado llegar a los parámetros de calidad suficientes para la concertación, unas doce.
El sector censura además que el precio de la plaza pública esté en los 1.432 euros, frente a los 1.700 de Madrid, los 1.800 de Cataluña o los 2.000 del País Vasco. Pero el caso es que suman más usuarios públicos que otras regiones, con lo que el volumen de negocio total es mayor, apuntan otras fuentes.
Esfuerzo del sector
La delegada provincial para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Ana Navarro, reconoció en este sentido el esfuerzo del sector. «La mayoría de los centros de la provincia están prácticamente adaptados y además ofreciendo niveles de calidad y asistencia magníficos. Están efectuando una apuesta estupenda y ofreciendo servicios novedosos en fisioterapia, actividades físicas o lúdicas», destacó Navarro.
La delegada explicó además que salvo las residencias públicas ya existentes y que se mantienen, la política de la Junta en estos últimos años es la de la concertación de plazas en el sector privado. El futuro pasa ahora, continuó Navarro, por la promoción de la Unidad de Estancia Diurna (UED), un recurso «aún no descubierto» y que a su juicio no está suficientemente utilizado.
La Ley de Dependencia auguraba un futuro prometedor para el sector e incluso se hablaba de una proliferación masiva de residencias que finalmente no ha sido tan abultado, ya que ha coincidido con la dura crisis económica que azota el país. «El crecimiento del sector ha sido cero en incorporación de nuevos centros a causa de la crisis», comentó Juan Reina, empresario y director de una residencia. El precio del suelo y, sobre todo, la negativa e impedimentos de los bancos a conceder créditos, han sido los principales obstáculos. «Y los que queremos ampliar nos está pasando igual con los créditos», abundó.
La cifra
1.432 euros
El precio de la plaza pública en la región andaluza
El sector privado reclama que el precio de la plaza pública aumente. Actualmente en la región andaluza el precio es de 1.432 euros, frente a los 1.700 de Madrid, los 1.800 de Cataluña o los 2.000 del País Vasco, indicaron los empresarios.
