La comisión mixta Junta de Andalucía-TSJA acordó el 15 de febrero pasado atribuir 67 de las 165 plazas del parking subterráneo de la Ciudad de la Justicia a los jueces y magistrados que ejercen en el edificio, aunque una de las asociaciones profesionales del colectivo, la conservadora APM, mantiene un recurso ante el Tribunal Supremo porque quieren todos los aparcamientos. Sólo quedaba que la Gerencia del edificio tuviera la osadía de hacer efectivo lo ya aprobado, y eso ocurrió ayer. El pacto entra en vigor el próximo miércoles, 20 de julio.
De igual forma que Adolfo Suárez legalizó al PCE un Viernes Santo, la gerente del edificio, María Jesús Vera, ha esperado hasta el verano, poco antes de las vacaciones, para ejecutar un acuerdo sancionado con la presencia del exconsejero de Gobernación y Justicia Luis Pizarro y el presidente del TSJA, Lorenzo del Río. También estuvo el 15 de febrero en la reunión el decano de Málaga, José María Páez.
Finalmente, los jueces se quedan con 67 plazas –el colectivo minoritario del edificio es el que más aparcamientos se reserva–. El reparto final acordado en febrero es el siguiente: 20 para los fiscales, 15 para los secretarios, cinco para el IML, cuatro para personas con minusvalía, diez para la Gerencia –testigos protegidos, por ejemplo– y el resto, 44, para la Junta de Personal, es decir, para que aparque el millar de funcionarios.
El acuerdo se envió ayer a la Audiencia Provincial, al Juzgado Decano, a la Fiscalía y al IML para darle aire oficialidad.
Por cierto, una anécdota: se evitó expresamente que su puesta en marcha coincidiera con la fecha del 18 de julio (efeméride del pronunciamiento de 1936), comentó ayer una fuente judicial con ironía –y agrado por la noticia–.
Los sindicatos ayer no estaban para risas: el STAJ envió una durísima nota que indicaba: «¡En esto se entretienen los gobernantes mientras se hunde la Justicia!», calificó de «vergonzosa» la decisión e hizo hincapié en que «vale tanto la seguridad, la vida, de unos como de otros». Los funcionarios quieren que el parking se use por orden de llegada, los jueces pretenden hacerse con todas las plazas, dos posturas antagónicas difícilmente reconciliables, porque lo que hay detrás es una lucha sobre quién tiene las competencias sobre los edificios judiciales: ¿los decanos o la autonomía?
El sindicato SPJ-USO llamó la atención sobre el cambio de criterio de la Junta, que antes defendía el uso según el orden de llegada. «El reparto es un agravio totalmente injusto».
Las claves
COMISIÓN MIXTAUn reparto que corona una vieja polémica en la Ciudad de la Justicia
El acuerdo de la comisión mixta Junta-TSJA se alcanzó en febrero de este año, pero la Gerencia de la Ciudad de la Justicia decidió esperar hasta ayer para ejecutarlo. El reparto de plazas corona una vieja polémica pero no pone paz entre las partes: los jueces quieren las 165 plazas del parking subterráneo, y los funcionarios pretenden que se ocupe por orden de llegada. Hasta febrero, la Junta opinaba lo mismo, pero cambió de visión incluso después de que el Supremo le diera la razón. Otro recurso de los jueces puede acabar con el nuevo statu quo, que entra en vigor el próximo miércoles.
DISTRIBUCIÓNSólo se reservan 44 plazas para los funcionarios de los juzgados
El reparto es el siguiente: 67 plazas para los jueces; 20 para los fiscales; 15 para los secretarios; cinco para los del Instituto de Medicina Legal (IML), cuatro para minusválidos, diez para la Gerencia del edificio y el resto, 44, para los funcionarios.
