En El extraño caso de Benjamin Button, el famoso relato de Francis Scott Fitzgerald llevado recientemente al cine, el protagonista ve cómo su discurrir biológico es distinto al del resto de la humanidad, de forma que cuando nace aparenta ser un anciano y, en el ocaso de su vida, a las puertas de la muerte, tiene la apariencia de un bebé. Igualmente extraño es el caso por el que está siendo juzgada estos días la exalcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, a quien el fiscal acusa de haber ordenado ocultar un atestado policial por un supuesto delito de tráfico –alcoholemia– cometido por el sobrino del periodista José María García. Éste negó ayer haber intercedido ante la política en nombre de su familiar, mientras que Yagüe rechaza haber llamado a la Policía Local para ocultar el expediente. ¿Quién llamó a quién?

El juicio quedó ayer visto para sentencia, de tal forma que el fiscal mantuvo su petición de pena para Marisol Yagüe: nueve meses de inhabilitación por omitir el deber de perseguir un delito. En el ajo había otros cuatro agentes municipales: uno de ellos, el que guardó y entregó después a las autoridades los expedientes, se libró del banquillo porque, como explicó su letrado en días precedentes, Javier Muriel, era liberado sindical y no puede omitir el deber de perseguir un ilícito ni cometer infidelidad en la custodia de documentos quien no es funcionario; el exjefe del cuerpo, Rafael del Pozo, se enfrenta ahora a cuatro años de cárcel –antes le pedían tres– y seis años de inhabilitación, al igual que a uno de sus compañeros.

El ministerio público sostiene que Del Pozo dio órdenes de ocultar dos de los tres atestados objeto de juicio, uno de los cuales afecta al fotógrafo del corazón Diego Arrabal. El tercero de los agentes encausados se enfrenta finalmente a dos años y medio de cárcel por borrar supuestamente el rastro digital de los atestados.

Sin embargo, aunque la participación de Yagüe en este caso parece mínima, ayer volvió a llevarse todo el protagonismo junto al periodista José María García y el sobrino de éste, Borja Fraile. El fiscal cree que la exalcaldesa ordenó a la Policía Local que hiciera desaparecer el expediente del joven, abierto por un supuesto delito contra la seguridad vial –una presunta alcoholemia–.

Le quitan la multa

García y su sobrino declararon ayer como testigos, ya que no se habían personado el 4 de julio por un error, según explicaron. El tribunal les quitó la multa de 600 euros impuesta por su incomparecencia.

El periodista levantó un gran revuelo mediático y se hizo varias fotografías con los guardas de la puerta, según explicó en el tribunal. El fiscal le interrogó sobre si llamó a Yagüe en agosto de 2005 para interesarse por la situación de su sobrino: «No, si fuese necesario lo hubiese hecho».

García tuvo conocimiento de que su sobrino tuvo un problema con la Policía Local merced a un incorrecto estacionamiento de su coche –eso indicó el testigo–; el joven vivía con él en su casa de Guadalmina, por lo que se preocupó y llamó, eso sí, «a la Policía Local, lo mismo que haría usted y cualquier mortal». Pero no acudió a la exregidora. Le atendió un «agente de a pie muy amable». «Me aclaró que lo único que no podía hacer era recoger el coche», indicó. Antes, incidió en que se identificó sin problemas. «Me dijo que el atestado estaba listo y que en unos minutos saldría en libertad».

Antes habló su sobrino, quien esbozó una curiosa teoría sobre el trato que los agentes de la Policía Local de Marbella dan a los madrileños, aunque no entró a desarrollarla. Días después del incidente, le llamaron desde un número que él no conocía para decirle que el juicio «quedaba aplazado». Tampoco escuchó a los policías hablar con nadie del Consistorio.

La defensa de Marisol Yagüe negó ayer que su cliente diera orden alguna para liberar al familiar del famoso periodista, ni «jamás hizo esa llamada» a la Policía Local. En cualquier caso, si hubiera ocurrido, «no es delito llamar a alguien para interesarse por un detenido». Lo extraño es que, como se encargó de recordar el fiscal, un agente de base sí aseguró la pasada semana ante el tribunal haber recibido una comunicación de la regidora: le preguntó si el familiar del periodista estaba detenido y si se podía hacer algo por él, según indicó. Este mismo policía atendió a García, añadió, y luego se enteró de que no se había celebrado el juicio correspondiente. Éste le explicó que podía pedirle un taxi.