15 de julio de 2011
15.07.2011
Primer pleno de la Diputación

Rifirrafe por los cargos de confianza en la Diputación

El equipo de gobierno del PP no descarta prescindir del Defensor del Ciudadano. El PSOE exige que se mantenga

15.07.2011 | 07:00
Elías Bendodo, Francisco Oblaré y Pedro Fernández Montes.

Primer pleno en la Diputación Provincial tras la sesión de constitución de la corporación. El orden del día era meramente organizativo y de normal funcionamiento de la institución, pero dio para mucho. Los diferentes grupos políticos se enzarzaron en un continuo cruce de reproches y acusaciones motivado por los cargos de confianza, tanto por el número como por las retribuciones.

Si el portavoz del equipo de gobierno del PP, Francisco Salado, se mostraba satisfecho de la reducción de un 26% de los cargos de confianza pasando de 77 a 57 –incluyendo a personal de los consorcios– y de la bajada de sueldos generalizada de los cargos políticos con un ahorro anual de un millón de euros en un año y de cuatro en la legislatura, el PSOE atacaba al PP duramente con las retribuciones que éstos percibirán. El portavoz del grupo socialista, Francisco Conejo, indicaba por su parte que para empezar la reducción ha sido de 64 cargos de confianza a 51, lejos de la promesa de Salado de disminuirlos a la mitad.

Pero la crítica principal de la oposición, donde también entró Izquierda Unida, fue la relativa a la remuneración. En la tabla llevada a pleno para su aprobación por el equipo de gobierno se contempla una nueva figura inexistente hasta ahora, la de cuatro directores generales –que sigue el organigrama de funcionamiento del Ayuntamiento de Málaga– y que podrán percibir entre 47.000 y 95.000 euros, más que el propio presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que con la nueva reducción aplicada del 14,9% pasa de los 79.822 a los 67.892 euros brutos anuales.

A este respecto, el portavoz del PP, Francisco Salado, argumentó que la intención del equipo de gobierno es traer a profesionales a desempeñar un trabajo serio que saque a la Diputación de la difícil situación jurídica y económica, y dijo que lo que hay que mirar es el cómputo global que arroja un ahorro notable. Salado dijo que además se ha establecido un tope máximo de gasto al que se podrá llegar, que es de un importe bruto anual de 2,3 millones de euros y censuró las críticas y el doble discurso del PSOE, que ha mantenido cuando gobernaba cargos que percibían 120.000 euros.

El segundo polémico asunto abordado en el pleno extraordinario fue el de la continuidad o no de la figura del Defensor del Ciudadano, que recae actualmente en Francisco Gutiérrez. El PP afirma que es una medida que tendrá que analizar una vez se estudien las cuentas en profundidad y se establezcan prioridades. Por su parte, el PSOE mostró su más rotunda disconformidad y exigió sin éxito que se garantice su continuidad en aras de la transparencia y como garante de la defensa de los intereses de la ciudadanía e instrumento de fiscalización. Por otra parte, el pleno aprobó ayer el cambio de adscripción de la oficina de Presidencia a la vicepresidencia tercera.

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