Una de las medidas cautelares más usadas por los jueces para tener atados en corto a los imputados es la de las comparecencias apud acta, es decir, acudir al juzgado para firmar con una cierta periodicidad, normalmente cada dos semanas. Hasta ahora, a los encausados les salía gratis y era parte del engorroso trámite que significa estar procesado en un asunto penal, pero, desde esta semana, va a ser más peligroso, porque ahora sus datos se van a insertar en las bases policiales y, si existe una orden de busca y captura, se acabó lo que se daba. Habrá interconexión de bases de datos.

Esta nueva concepción del Servicio de Presentaciones del Juzgado Decano de la capital nace tras meses de negociaciones y con una vocación clara de usar las nuevas tecnologías en los trámites judiciales más habituales: la Junta, reconocen fuentes judiciales, pondrá los terminales informáticos. Los mismos estarán en un mostrador con varios funcionarios de Justicia y la novedad es que, junto a ellos, habrá una pareja de agentes de la Policía Nacional dispuesta a recibir con sus mejores galas a aquel imputado al que le conste una orden de busca y captura y no sólo de un juzgado de Málaga, sino de cualquier órgano jurisdiccional del país.

Cada jornada comparecen en el servicio cientos de personas, dado el nutrido grupo de juzgados que imponen las comparecencias apud acta: los catorce juzgados de lo Penal, los catorce de Instrucción y las secciones penales de la Audiencia Provincial.

En muchos casos, quien firma, sobre todo si es delincuente habitual, está reclamado por otro juzgado y la falta de coordinación entre las diversas bases de datos informáticas jugaba en contra de la eficacia judicial. Ahora, con las mejoras tecnológicas aportadas por la Administración andaluza quien acuda a estampar su firma lo tendrá mucho más difícil para evadirse de la acción de la Justicia.

Fuentes judiciales lo consideran un «gran avance». «Nos hemos coordinado con la policía», explican. Cada juzgado tiene asignado varios días al mes para que se cumplan sus medidas cautelares y es cuando un imputado no acude a su cita con la Justicia cuando se sabe, por ejemplo, que se ha quitado de en medio. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el exedil marbellí Javier Lendínez huyó del país para eludir la acción de la Justicia en el «caso Malaya» y con otros tantos delincuentes. «Va a haber conexión directa, a partir de esta semana, con las bases de datos policiales», concluyen las mismas fuentes.