Un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) obliga al Ayuntamiento de Málaga a reintegrar a su destino original en el Grupo de Escoltas, Menores y Atención al Ciudadano (Gemac) a la agente de la Policía Local Cristina Guerrero, que fue trasladada en mayo de 2005 a raíz del llamado «caso Aguera» al considerar que el cambio de destino «carecía de motivación».
Guerrero testificó en la investigación municipal, abierta a raíz de conocerse la filtración de un informe de la Policia Local en el que se detallaba la actividad pública y privada de la entonces concejala Rosa Agüera. La agente testificó entonces que aquello era un caso de espionaje contrario a la naturaleza de la policía.
Cambio sin motivos
La sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA señala que la agente fue trasladada a otro puesto «de manera arbitraria» y sin cumplir «los requisitos» a los que el Ayuntamiento estaba obligado por ley y en cumplimiento del Reglamento Orgánico de la Policía Local.
La agente Cristina Guerrero, después de recurrir sin éxito por la vía administrativa, interpuso un recurso contencioso administrativo contra la decisión del jefe superior de la Policía Local por trasladarle desde su puesto en el Gemac a otras dependencias, al entender que se trataba de «un cambio «arbitrario e injusto» por su participación en el «caso Aguera».
La agente, que fue llamada a declarar en la comisión de investigación interna que abrió el Ayuntamiento, señalaba en su escrito de denuncia que fue «víctima de un cambio de destino arbitrario al no avalar la versión oficial del Ayuntamiento sobre dicho caso».
Fue trasladada por orden del entonces jefe de la Policía Local, Pascual Sánchez Bayton, a otras dependencias policiales, traslado que fue avalado posteriormente por acuerdo de la junta de gobierno local.
Por ello, la sentencia del TSJA obliga a la junta de gobierno a enmendar dicho acuerdo y a anular la orden de la jefatura del cuerpo que mandaba dicho traslado.
Preguntas del PSOE
Además, el alto tribunal andaluz condena al Ayuntamiento al pago de las costas procesales apelando al artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que castiga la interposición de recursos «con mala fe o temeridad».
A raíz de hacerse pública la sentencia, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento ha remitido un escrito al concejal de Seguridad, Julio Andrade, solicitándole información y preguntando sobre si el Ayuntamiento va a cumplir la sentencia.
El escrito, firmado por la concejala Anabel Cerezo, se interesa por conocer si el Ayuntamiento va a reasignar a la policía Cristina Guerrero al puesto que tenía en el Gemac del que fue apartada y pregunta a su vez cuál es el importe del reembolso a pagar por el Ayuntamiento por las costas judiciales y cómo se va a afrontar dicho pago.
Durante los seis años que Cristina Guerrero ha estado fuera del Gemac llegó a presentar varios escritos internos de denuncias por supuesto acoso laboral dirigidos contra el hasta hace una semana jefe superior del cuerpo Pascual Sánchez Bayton, si bien ninguno tuvo consecuencias.
