Medio centenar de integrantes del 15-M denunció ayer el «violento desalojo» policial que sufrieron la noche del domingo cuando bloqueaban el acceso de los vehículos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), en la plaza de Capuchinos. Según explicaron, ayer recibieron «una segunda carga» cuando bloqueaban el paso a los vehículos policiales que salían del centro. La policía lo niega.

Según los indignados, querían evitar la deportación de Sid Hamed Bouziane, un joven argelino de 28 años, «porque significaría su condena a muerte» en su país de origen. Ya por la tarde, aseguraron que el proceso de expulsión se había detenido a la espera de que se resolviera la petición de asilo que su abogado había recurrido en los tribunales.

El movimiento se trasladó a las puertas del CIE poco después de que la compañera sentimental de Bouziane y varios amigos desplazados desde Córdoba solicitaran la ayuda de la asamblea que, como cada domingo, se celebraba en la plaza de la Constitución. Mientras que el movimiento definió la intervención de «violencia sin control con al menos nueve personas heridas», fuentes de la Policía Nacional aseguraron que los antidisturbios desplazados se limitaron a retirar a las personas que, «con resistencia pasiva», impedían la entrada y salida de vehículos.

Según las fuentes, los agentes actuaron tras informar en reiteradas ocasiones que los allí reunidos «no podían interferir en el funcionamiento normal del centro», por lo que les invitaron a continuar la concentración en el centro de la plaza. Tanto indignados como policía coincidieron en que el desalojo se produjo durante una asamblea que se estaba produciendo en la misma puerta del centro. Ante la dilación de la misma, los agentes comenzaron a retirar uno a uno a los indignados, que se unieron de brazos y piernas. A partir de aquí, las versiones se separan.

Deborah Muñoz, portavoz del movimiento, explicó que los agentes comenzaron a retirar a los indignados de forma desproporcionada: «Nos levantaban a pulso pero no nos depositaban en el suelo. Nos arrojaban por las escaleras y caíamos unos encima de otros». Según Muñoz, uno de los heridos perdió la conciencia durante un minuto por un golpe que recibió en el cuello y por el que fue trasladado en ambulancia a un hospital. Rafael Palomo, también del movimiento, fue más allá y dijo que recibieron «puñetazos en la boca, tortazos con la mano abierta y patadas gratuitas». Palomo afirmó que el movimiento había decidido interponer una denuncia contra la acción policial.

Los indignados decidieron trasladarse a la plaza de Capuchinos la noche del domingo tras la petición de ayuda de la pareja de Sid Hamed Bouziane y sus amigos, quienes se habían trasladado desde Córdoba. Fuentes del movimiento apuntaron que Bouziane es un activista político que fue detenido por la policía militar de su país hace tres años y que, al salir de prisión, abandonó Argelia para llegar a España en patera e iniciar una nueva vida. Añadieron que Bouziane conoció a Candela hasta que hace unos días fue detenido por encontrarse en situación irregular. «Si Bouziane es repatriado a Argelia morirá, ya que entre las autoridades de aquel país está considerado un fugado. Durante el tiempo que estuvo allí, los militares intentaron convertirlo en un infiltrado en las filas de los rebeldes, por lo que éstos lo consideran un traidor», apuntaron.

El representante de la Asociación Pro Derechos Humanos para Andalucía, Adolfo Granero, definió el CIE como «una aberración política, ya que detienen a las personas no por lo que han hecho sino por ser inmigrantes, situación que se considera como una falta grave», por lo que calificó el centro de «pequeño Guantánamo».