El Movimiento 15M y la Coordinadora de Inmigrantes han solicitado una prórroga de la suspensión de la orden de expulsión del ciudadano argelino Sid Hamed Bouziane, que se encuentra desde hace 21 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos, en Málaga capital. El objetivo es tener tiempo para recabar documentación que acredite la situación de esta persona, "amenazada de muerte" en su país.

Ante esta petición, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, con el que se han reunido este jueves miembros del Movimiento 15M y de la Coordinadora de Inmigrantes, se ha comprometido a ponerse en contacto con la Subdirección General de Asilo para que prorrogue esta suspensión, según ha trasladado el abogado de Bouziane, José Cosín.

En este encuentro, que han calificado de "amistoso", López Luna también se ha mostrado dispuesto a que la próxima semana el argelino contraiga matrimonio con su prometida, Candela, en el mismo CIE, para lo que la mujer ya ha solicitado permiso. El acto será oficiado por un imán.

Como han advertido desde el Movimiento 15M al término de la reunión, en el caso de que Bouziane sea deportado, "será asesinado", al igual que tres de sus hermanos. Además, han precisado que un cuarto hermano se encuentra desaparecido desde hace "unos 15 años".

Por ello, uno de estos 'indignados' se desplazará este viernes a Madrid, a la Subdirección General de Asilo, "y, a continuación, es posible que coja un vuelo a Argelia" para hacerse con documentos que prueben estos hechos, así como la persecución que Bouziane "sufre en su país", según Cosín.

Asimismo, los 'indignados' han solicitado un permiso de residencia excepcional por motivos humanitarios para Bouziane, puntualizando que su resolución es competencia del subdelegado. Éste, por su parte, ha dicho que hará "todo lo que sea necesario" para que se quede en España, "pero por los establecimientos que establece la ley", han expresado.

El Movimiento 15M ha convocado para las 20.00 horas de este jueves una concentración en las puertas de los CIE de todo el país, o en las subdelegaciones del Gobierno en su defecto, para exigir la liberación de Bouziane y reivindicar el cierre inmediato de lugares como el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga, donde "se han cometido numerosas irregularidades y se han vulnerado los derechos más básicos de seres humanos".