23 de octubre de 2011
23.10.2011
Caso 'Malaya'

Roca no quiere jugar al dominó

Tres acuerdos en esta semana han propiciado que dos imputados hayan acabado con una pena mínima

23.10.2011 | 02:11
Juan Antonio Roca calibra la manera de escapar a la tormenta perfecta. Sólo la habilidad de su abogada podrá ayudarle en el trance.

No debían entrar en la sala. O no tenían por qué. Sólo un sobresalto podía dinamitar la calma tensa que se podía respirar en la habituación en la que el principal acusado de Malaya, Juan Antonio Roca, y su abogada, Rocío Amigo, preparaban su defensa de cara al bloque de los sobornos que los empresarios le pagaron al primero para que, a su vez, éste pudiera untar a los ediles. Ese tramo debía arrancar el 1 de diciembre, dado que la letrada había amenazado incluso con abandonar el proceso si no se le daba tiempo de apuntalar su estrategia. Y el sobresaltó llegó: Amigo y Roca tuvieron que entrar en la Sala del Jurado, donde se celebraba el juicio el pasado lunes, de forma precipitada porque el empresario Ismael Pérez Peña, el amigo de Jesús Gil, el de la grúa, quería pactar con la Fiscalía Anticorrupción. Y, tras él, han venido otros dos: el exasesor de Urbanismo, según pudo saber La Opinión de Málaga, teme más pactos y el consiguiente efecto dominó.
De momento hay seis cocinándose, y alguno podría sorprender. Fundamentalmente de empresarios, porque los ediles, ya sea por miedo, por obediencia o por fe ciega en su inocencia, no dan un paso al frente. «Podría haber sorpresas», dice un abogado de Marbella conocedor a la perfección del engranaje de este proceso. «Roca está dispuesto a defenderse, de eso no hay duda», indica.
Otros letrados alaban la astucia del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero, que prefirió pactar con tres procesados menores, alejados del búnker de Juan Antonio Roca, rebajando sumamente las penas, a cambio de echar el lazo al exasesor y a los suyos. Y lo logró.
Pérez Peña pasó de un día a otro de enfrentarse a once años de cárcel a pagar una multa de 221.000 euros tras reconocer que sobornó a Roca y a Marisol Yagüe con 180.000 euros para que le abonasen a él una deuda previa; admitió haberle dado cuatro coches a la exregidora, y relató cómo ésta metió en el ajo de la negociación de las nuevas tasas de retirada de coches de la vía pública a Isabel García Marcos, José Jaén, exconcejales, y al exsecretario municipal Leopoldo Barrantes.
También contó Peña cómo le dejó a Roca dos millones de euros y cómo éste ideó una operación de compraventa de chalés para justificar esa suma que la policía le retiró a dos de sus secuaces en Getafe. De película. El fiscal desató la tormenta perfecta sobre Roca, y al día siguiente Carmelo Armenta, el hombre de paja que rubricó la falsa operación, también llegó a un acuerdo con el fiscal, quien además ha retirado la acusación contra el hijo de Pérez Peña. Y van tres, pero hay seis más cocinándose, dos casi seguras. Uno podía ser Fidel San Román, el empresario que ya reconoció en instrucción haber sobornado a Roca. «Va a haber sorpresas», insiste otro letrado, que, no obstante, sigue viendo muy fuerte al Jefe.
Roca ha expresado su temor a su círculo íntimo, y la tarea de Amigo es titánica, porque debe parar un fuerte golpe de Anticorrupción con apenas un pequeño escudo protector. Habrá más pactos, aunque López Caballero no aceptará cualquier cosa: quiere confesiones claras y que apunten a la culpabilidad de su antagonista. Ya estuvieron a punto de cerrar un pacto: de hecho, Roca y la teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción negociaron durante meses un programa de mínimos; uno se declaraba culpable a cambio de conservar su lujosa casa del edificio marbellí Poseidón, pero, eso sí, perdía todo su patrimonio valorado en 220 millones de euros.
Roca dijo no, aunque se lo pensó. Sobre todas las cosas, lo que más pesa en su ánimo es la situación de su hija María, imputada por blanqueo, y la de su mujer, María Rosa Jimeno, en un brete algo más complicado que el de su primogénita.
El huracán sigue girando en torno a Roca, que, no obstante, hace sus cuentas: si consigue que no lo condenen a más de 15 años, y el resto de sentencias que le caigan no superan esa horquilla, su estancia en prisión será inferior a la prevista. De hecho, ya ha solicitado dos permisos que la prisión le ha denegado convenientemente. Fuentes penitenciarias aseguran que, si alguien da un permiso de salida, será el juez. No en vano, Roca va camino de los seis años entre rejas y sólo cumple una pena firme por el caso Saqueo 1 a casi siete años de cárcel. Su horizonte presidiario, en cualquier caso, es negro.
La prueba de cargo, los archivos hallados en el disco duro externo de su contable, Salvador Gardoqui, son para la Fiscalía la constatación irrefutable de la contabilidad de una organización criminal en la que el silencio y la ostentación convivían a partes iguales.
Hay quien dice que Roca ya no sonríe, y que su interés máximo es sacar a su familia del trance y proteger o quedarse con el máximo posible de patrimonio, pese a «comerse» los años que le caigan. El efecto dominó puede ser implacable, pero el Jefe no quiere jugar.

Los empresarios son los más proclives a negociar con el fiscal

Los empresarios son los más proclives a negociar con la Fiscalía Anticorrupción: se les piden penas menores que a los exconcejales y, de pactar, podrían salir del trance con una multa. Todo depende del dinero que se tenga. Hay algunos, sin embargo, que no pueden ni planteárselo, porque tienen antecedentes penales y cualquier convenio con el fiscal que implique pena de prisión supondrá su entrada automática en la cárcel. Los concejales, sin embargo, lo tienen más difícil, entre otras cosas porque las penas son más duras para los servidores públicos y porque muchos de ellos –una minoría– está en una situación económica desesperada: algunos han estado a punto de perder su casa y otros siguen teniéndolo todo embargado. Cada cual entrará en el baile de cortejo sólo si le interesa mucho y, sobre todo, si no hay represalias. La tela de araña tejida en Marbella durante años empieza a desmadejarse.

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