La Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo ha interpuesto ya el recurso de casación contra la sentencia del caso Ballena Blanca -blanqueo de capitales- emitida por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, un fallo en el que se absolvía a catorce de los diecinueve acusados; cuatro fueron castigados a penas menores y el supuesto cerebro de la trama, el abogado Fernando del Valle, sentenciado a seis años de prisión frente a los diecisiete que se le pedían inicialmente.

El fiscal de Sala José Ignacio Campos remitió el 4 de noviembre pasado un oficio al ministerio público provincial en el que aseguraba que la Junta de la Fiscalía del Tribunal Supremo «ha acordado interponer recurso por infracción de ley por tres motivos» contra el fallo de Ballena Blanca.

La sentencia fue puesta por la Audiencia el 31 de marzo de 2011, tras más de un año de juicio, y en ella se ventilaron delitos de blanqueo, fraude a la Hacienda Pública y falsificación. La policía tasó en 2005, cuando estalló el caso, en 250 millones de euros el dinero lavado supuestamente en el despacho de abogados de Fernando del Valle, ubicado en Marbella, suma que procedía de diversas actividades delictivas.

Al inicio de las sesiones de este caso, instruido por el juez Miguel Ángel Torres, Horacio Oliva, letrado del principal imputado, aseguró que ya no se podía hablar de Ballena Blanca, «sino más bien de chanquete», porque a lo largo de la instrucción y durante el plenario la cantidad blanqueada se fue reduciendo paulatinamente, de tal forma que la Sección Segunda sólo consideró probado el lavado de 1,6 millones de euros.

Los números del caso hicieron que el juez Torres y la policía fueran duramente criticados: el abogado Del Valle fue sentenciado a seis años y tres meses de prisión por blanqueo y fraude al fisco, amén de imponérsele una multa de 2,6 millones y el pago a Hacienda de 342.000 euros. En principio, el fiscal pidió para él 17 años de privación de libertad.

De las 17 tramas criminales que ocultaban el dinero a través del despacho, sólo se probaron dos: la del traficante Souphiane Hambli (tres años por blanqueo); también fue condenada su expareja, M. D. L., a sólo un año; y la del matrimonio Voutilainen o conexión sueca (castigados ambos miembros de la pareja a tres años de prisión y al abono de 1,37 millones). Los otros catorce acusados, entre los que destacaban dos notarios y el finlandés Aki Kujala, fueron absueltos.

La Fiscalía Anticorrupción anunció en abril la interposición del recurso, trámite normal para que la Fiscalía de Sala del Supremo estudie el informe de Málaga y decida si hay visos de que prospere el recurso de casación: si es así, se interpone, lo que se ha entendido en este caso.

Tres motivos de recurso

En concreto, el ministerio público de la Sala Segunda del Supremo entiende que debe recurrir por infracción de ley en tres puntos: inaplicación indebida del artículo 301 del Código Penal (en la que se regula el blanqueo de capitales); idéntico motivo en relación con el artículo 74, donde se habla de la continuidad delictiva y de la mayor dureza del castigo que ello llevaría aparejado (de seis meses a seis años, en el caso del lavado de dinero). Estos dos primeros motivos se refieren precisamente a la condena del matrimonio Voutilainen.

El tercero es la aplicación indebida del artículo 392 en relación con el 390 y con el 74 del mismo texto normativo: se refiere a una supuesta interpretación deficiente del tribunal de la falsedad en documento público, oficial o mercantil, su conexión con el blanqueo y la continuidad de ambos ilícitos, amén de asegurar que el castigo debería haber sido más duro.