El caso Minutas es otra página más del libro de la historia negra de Marbella, un capítulo nuevo que se situaría entre Saqueo 1 y Malaya, en un abanico interminable de procesos cuyos protagonistas trataron de esquilmar las arcas municipales. En este procedimiento, el epílogo lo puso ayer la Audiencia Provincial de Málaga, que ha condenado a siete años y medio de cárcel al presidente del Sevilla Fútbol Club y abogado, José María del Nido, como cooperador necesario de un delito continuado de fraude en concurso medial con los ilícitos, también continuos, de prevaricación y malversación. El exregidor marbellí Julián Muñoz fue sentenciado a una pena idéntica y por los mismos delitos, aunque en este caso como autor.

En este juicio se pusieron en cuestión los honorarios profesionales cobrados por el abogado sevillano al Consistorio marbellí, al que facturó sumas muy importantes por diversos trabajos, siendo el más importante de éstos el asesoramiento jurídico prestado al Ayuntamiento en el proceso de fiscalización de la contabilidad municipal por parte del Tribunal de Cuentas entre 2000 y 2001. La cifra que percibió el letrado, según Anticorrupción, fue de 3,1 millones de euros. Si se amplía el periodo fiscalizado, las minutas superan los seis millones de euros, aunque muchas de ellas se han validado en la sentencia.

Julián Muñoz ha sido condenado a indemnizar al erario marbellí en poco más de tres millones de euros, mientras que Del Nido deberá abonar, conjunta y solidariamente con su antiguo cliente, 2,78 millones. Además, se les sentencia a 15 años de inhabilitación.

Otros sentenciados

Hay más condenados: Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo, escapa con un castigo algo menor, cuatro años de prisión como autor de un delito de fraude en concurso con uno de malversación; Ángeles Carrasco, letrada y exesposa de Del Nido, fue sentenciada a dos años de cárcel como cooperadora necesaria de idénticos ilícitos, al igual que el contable de diversas sociedades municipales Víctor Cohen, el administrador de fincas Alfredo Chica, y el agente de la propiedad Manuel Vázquez. Las otras penas relativamente duras corresponden a Modesto Perodia, apoderado de las sociedades municipales (seis años y cuatro meses) y al exedil Esteban Guzmán (seis años).

Pese a ello, Del Nido puede dar gracias a todas las divinidades que conozca, puesto que la Fiscalía Anticorrupción pidió para él treinta años, pero la Sección Tercera lo absuelve de delito societario, falsedad documental, tráfico de influencias, apropiación indebida y deslealtad profesional.

Hay varios absueltos, entre ellos el exalcalde de Marbella y exedil Tomás Reñones, a quien se le acusaba de malversación. Como se ha encargado de defender vehementemente su abogado, Juan Carlos Rivera, a lo largo de los 15 meses de juicio: él firmó la minuta correspondiente porque se le ordenó por decreto y, como queda claro, «no tuvo conocimiento de la improcedencia de los pagos, al no intervenir en el acuerdo fraudulento». También fueron absueltos otros tantos concejales.

Prueba indirecta

La complejidad de la causa es tal que el tribunal ha tardado casi seis meses en emitir una sentencia, cuyo ponente ha sido Carlos Prieto. Un dato: el fallo no se basa en ninguna prueba de cargo, sino en la suma de abundantes indicios, defiende la Sala: «La prueba indirecta no es prueba subsidiaria, ni más débil o insegura que la directa».

Más allá de los matices técnicos, la Sala se explaya en frases muy duras contra Del Nido y Julián Muñoz. «De lo que en la querella inicial se acusa a los dos protagonistas del enjuiciamiento, Julián Muñoz y José María del Nido, y al resto de acusados, es de empobrecer al erario municipal con el pretexto de efectuar encargos de servicios de asistencia jurídica con omisión de los más elementales principios de toda actuación administrativa», lo que, según el tribunal, queda acreditado.

«El Ayuntamiento de Marbella sufrió la pérdida de varios millones de euros en una continua desviación de caudales públicos a fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico», explica el ponente, para añadir que, entre 1999 y 2003, de forma «sistemática por su reiteración, los condenados descapitalizaron en su propio interés el Ayuntamiento con una serie de contratos nulos». En la mayoría de los casos, los pagos efectuados a Del Nido «eran innecesarios» para los fines institucionales y con un presupuesto tan ilimitado como incierto.

79 minutas por 2,8 millones

En concreto, el tribunal asegura que Muñoz permitió el abono al presidente del Sevilla de 79 minutas por un importe de 2,86 millones de euros.

La designación del principal acusado como abogado municipal, «tenían como principal justificación la de proporcionar excusas para el libramiento de improcedentes facturas para satisfacer el ánimo de lucro de José María del Nido y los demás participantes de los acuerdos fraudulentos a costa de las arcas municipales».

Del Nido llegó a Marbella en febrero de 1999 en «un ambiente propicio». Desde 1992, las 31 sociedades municipales creadas por Jesús Gil escaparon «al control institucional» del Consistorio, como se encargó de denunciar hasta la extenuación José Antonio Castro, interventor de la corporación, al que Muñoz invitó a pedir el traslado, según la Sala, porque no se avenía a sus intenciones. Acabó sufriendo una arritmia cardiaca, declaró.

Invertención

De haber podido imponer sus tesis el interventor, «hubieran podido impedirse las cuantiosas e injustificadas salidas de fondos del Consistorio». No hubo expediente de contratación para Del Nido. Pero el ponente cree que el presidente del Sevilla Fútbol Club era «el principal adlátere de Muñoz», tras sustituir como letrado de la corporación a José Luis Sierra, enemistado con Jesús Gil por una defectuosa defensa en el caso Camisetas. Asistía a reuniones, y, en los plenos, «permanecía en la sala contigua y, en ocasiones, Julián Muñoz salía a consultarle», según una testigo.

«La búsqueda de pretextos para el libramiento de las facturas por intervenciones innecesarias fue constante y la causa principal del acaparamiento de asuntos del Consistorio que el despacho de Del Nido disfrutó», aclara la Sala, que asegura que la práctica totalidad de los pagos «son sinónimo de perdida de recursos municipales». Dicho de otro modo, la abdicación del Derecho Administrativo deja paso al Penal.

«Una empresa privada»

Sobre Muñoz, el tribunal reprende que le eche la culpa a Jesús Gil, «sin reparar en la posible ilegalidad de los cometidos que se le hacían». La Sala critica la indeterminación de las designaciones que se hacen Del Nido, y asegura que los esfuerzos por justificar el cobro de sus minutas parten desde el planteamiento de que el Consistorio es «una empresa privada», cuando ello no es así.

El letrado hispalense asumió el protagonismo de Sierra, y ocupó despacho en el Club Financiero, convirtiéndose en «acompañante asiduo de Muñoz, respaldo continuo en sus decisiones», asegura la Audiencia Provincial en el fallo, contra el que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.