04 de febrero de 2012
04.02.2012
Medio Ambiente

El Gobierno ayudará a los chiringuitos si a cambio protegen el medio ambiente

El secretario de Estado asegura que irá de la mano de los empresarios de playas en la reforma de la Ley de Costas

04.02.2012 | 06:00
El secretario de Estado de Medio Ambiente estuvo arropado por el líder del PP andaluz y miembros del partido provincial.

Los chiringuitos de la Costa del Sol podrían ver solucionado el problema de sus licencias en un corto espacio de tiempo. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, aseguró ayer en Torremolinos que el Gobierno central irá de la mano de los empresarios de playas en la reforma de la Ley de Costas que acometerá el Ejecutivo para proporcionar seguridad jurídica a esta actividad a cambio de que se comprometan a proteger el medio ambiente.

Ésta se convierte en la segunda buena nueva que los empresarios costeros reciben en 48 horas, después de que el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara el jueves que estudiará prorrogar sus licencias más allá de 2018. Y de este tema también habló Ramos de Armas, pero no aclaró exactamente cuál será la solución. «Ya veremos cómo plasmar las propuestas y cuestiones de los empresarios sobre las licencias, pero se hará a través de un profundo estudio para conseguir aportarles seguridad y tranquilidad, al tiempo que se trabaja en la conservación del litoral, teniéndolos como aliados», explicó, durante un encuentro con los empresarios del sector en Torremolinos, en el que también estuvieron presentes el presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, y el presidente de Faeplayas, Norberto del Castillo.

En este sentido, manifestó que hay que «proteger» al empresariado y a los emprendedores para que «se desenvuelvan en un marco de seguridad, puedan hacer inversiones y sean competitivos», ya que, según indicó, «el Ejecutivo es consciente de que los chiringuitos son motor económico, de desarrollo y generador de empleo», además de ser una actividad «fundamental» en Málaga y en otros puntos de España. Pero, pese a que Ramos de Armas manifestó que estos profesionales se convertirán «en aliados», puesto que «tienen mucho que decir y colaborar, porque son los primeros interesados en que las playas estén bien conservadas», muchos de los presentes se levantaron de sus asientos mostrando su «indignación» ante la falta de claridad.

Al hilo de ello, el presidente de Faeplayas aseguró «que se esperaban soluciones más concretas» al ser preguntado sobre la reunión por los medios de comunicación, a los que no tuvo inconveniente en atender a diferencia del secretario de Estado de Medio Ambiente y el líder del PP andaluz.

Y es que Norberto del Castillo insistió en la importancia de dar seguridad jurídica al sector, además de más calidad, e insistió en que los empresarios quieren que las licencias se alarguen por 30 años más, ya que las vigentes están a punto de expirar.

Competencias. Además, criticó la transferencia de las competencias en ordenación del litoral a la Junta de Andalucía efectuada el pasado 1 de abril. «No ha servido para nada, porque se ha hecho una transferencia de trabajo pero no económica, y no tienen recursos ni personal para hacer frente a las competencias» añadió. Del Castillo aseguró que la semana que viene viajará a Madrid para mantener una reunión personal con Ramos de Armas «y tratar el tema con mayor profundidad».

Así, y «antes de llegar a mecanismos sancionadores», el secretario de Estado de Medio Ambiente aseguró que el Ejecutivo central prefiere avanzar en la línea de la colaboración. «Esta ley, con una vigencia de casi 25 años, ha generado complicaciones y merece la pena revisarla. Sabemos bien qué ha servido y qué ha fallado», precisó, al tiempo que enumeró los retrasos en las tramitaciones y las situaciones sin resolver, algo que, a su juicio, «no protege el medio ambiente ni beneficia a nadie».

El conflicto con la ubicación de los chiringuitos creó confusión cuando se enquistó a partir del traspaso de las competencias que regula la Ley de Costas, ya que se empezaron a interponer sanciones económicas para los establecimientos que no cumplían con los requisitos legislativos, que no permiten operar a menos de trescientos metros de la línea marítima. Muchos chiringuitos perdieron su licencia y otros vieron cómo, de repente, penetraban en una zona de ilegalidad.

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